Este domingo se celebró el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Se trata de un derecho fundamental reconocido en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y también en el artículo 20 de la Constitución Española. Y como pilar estructural de todo sistema democrático, sin prensa libre no hay ciudadanía informada; y por tanto, es fácilmente manipulable.
La libertad de prensa no se sostiene solo sobre el reconocimiento legal, sino sobre el ejercicio responsable del oficio. Veracidad, contraste y rigor son requisitos indispensables en todo medio de comunicación que se precie de serlo. Pero hay que reconocer que la profesionalidad y la honestidad en el ejercicio del periodismo están en crisis.
España ha retrocedido en los rankings internacionales de libertad de prensa. Las amenazas más graves son la precariedad estructural en las redacciones, la instrumentalización política de los medios y también en la proliferación de estrategias intimidatorias a través de acciones judiciales contra periodistas.
A ello se suma un ecosistema mediático alterado por las redes sociales donde se distorsiona la realidad, se multiplica la desinformación y se viralizan contenidos falsos que erosionan la credibilidad del periodismo profesional.
La polarización política alimenta la deslegitimación sistemática del periodista, convertido en objetivo de campañas de cuestionamiento, burla y descrédito; y, en algunos casos, de acoso directo, especialmente en redes sociales. Este clima condiciona el ejercicio del periodismo, disuade la investigación y empobrece el debate público.
La polarización política alimenta la deslegitimación sistemática del periodista
A nivel mundial, el panorama es aún más inquietante. La libertad de prensa se encuentra en su peor momento en un cuarto de siglo, con un retroceso generalizado incluso en democracias consolidadas. Pero lo más grave e intolerable es constatar que, en situaciones de conflicto armado, los informadores son un objetivo declarado y blanco de operaciones militares para su eliminación física.
Frente a este escenario, la defensa de la libertad de prensa no puede limitarse a declaraciones institucionales. Requiere políticas públicas que garanticen la sostenibilidad de los medios, marcos legales que protejan a los periodistas de acciones judiciales sin fundamento que pretenden coaccionarles; y, sobre todo, una sociedad que entienda que informar no es un privilegio del periodista, sino un derecho del ciudadano.
Porque, en última instancia, la libertad de prensa no es del periodista: es de toda la sociedad en su conjunto, si es que se considera libre. Y su deterioro, por leve que sea, es siempre el primer síntoma de una democracia en retroceso.
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