El espíritu de 1993

Fue ese antiguo y conocido refrán al que acudió Pedro Sánchez para justificar la Ley de Amnistía, durante el debate para su investidura como presidente del Gobierno, cuando afirmó que “el alivio penal al separatismo facilitará afianzar la unidad del país”.

Mucho más atrás en el tiempo, en 1993, la necesidad de que Canarias contase con voz propia para la defensa de sus derechos, sin ataduras a ningún partido centralista, derivó en la virtud de favorecer un movimiento unitario, en cada una y en todas las Islas. Una fuerza con personas de ideologías distintas, surgidas de diferentes modelos de organización político-administrativa del Archipiélago, que dio pie al nacimiento de Coalición Canaria.

Su creación es uno de los hechos sociopolíticos más relevantes de casi medio siglo de autonomía. Desde entonces, en todo este largo periodo, Coalición Canaria ha dominado la política en las Islas. Lo ha logrado presidiendo el Gobierno de Canarias –excepto en la legislatura 2019-2023–, igual que la mayoría de los cabildos, obteniendo además una sólida estructura municipal y una presencia influyente en las Cortes Generales, en el Congreso y el Senado, dando voz y protagonismo a las Islas.

Jamás habíamos tenido tanta relevancia en el panorama político estatal y esto ha posibilitado que en los noticieros españoles no solo se mencione a Canarias por la hora de menos con respecto a la península, sino también por su posición en los grandes asuntos de Estado.

Tras las elecciones autonómicas de 1991, el pacto alcanzado por las Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC) con el PSOE se fue al traste por la insensibilidad del Gobierno de España con el de las Islas, por más que éste estuviera encabezado por alguien surgido de las filas socialistas, el respetado y reconocido Jerónimo Saavedra.

La displicencia del ministro Carlos Solchaga para convalidar nuestro Régimen Económico y Fiscal, traspasar las carreteras sin dotación económica y transferir los servicios sanitarios provocó un golpe de mano en las Islas, poniendo fin al Gobierno surgido del “pacto de Hormigón”. La urgencia de rebelarse contra los históricos atropellos del poder central forzó como virtud la necesidad de unirse y alumbrar un partido de la tierra, sin ataduras ni dependencia de las grandes fuerzas estatales.

El imperativo de que Canarias contara con voz y fuerza propia justifica la entrega en cuerpo y alma de organizaciones políticas con modelos muy diferentes respecto a la concepción de nuestra nacionalidad. Insularistas, regionalistas, nacionalistas e independentistas, ex franquistas, decepcionados con los socialistas, comunistas pragmáticos, centristas, independientes o arribistas… La necesidad forzó la unidad de todos ellos en pro de la defensa de Canarias.

¿Mereció la pena? Los hechos son contundentes. Están ahí. Son medibles. Tanto en presencia como en influencia y logros, la respuesta parece que está muy clara, aunque la generosidad de quienes impulsaron la unidad en torno a ese gran partido de la tierra hay que remozarla de forma permanente. La necesidad de garantizar una voz de obediencia canaria en la tribuna del Congreso y el Senado debe homologarse con cada convocatoria de elecciones generales.

Nos hallamos a las puertas del probable llamamiento a las urnas para renovar las Cortes Generales, donde las Islas se juegan tener voz propia y capacidad de influencia en Madrid. Pero, por lo visto hasta el momento, da la sensación de que los partidos de obediencia a la tierra no terminan de tener claro que Canarias los necesita. Que, como sucediera en 1993, más allá de las diferencias conceptuales, ideológicas o personales, se les requiere unidos para que el Estado español respete nuestras singularidades.