La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha iniciado la negociación de la Oferta de Empleo Público (OEP) para la Administración General del Estado correspondiente a 2026. Esta acción se lleva a cabo en un contexto marcado por la ausencia de un proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Según declaraciones del departamento de Función Pública, esta oferta será “muy similar” a la del año anterior, que contempló la creación de 26.889 plazas. El Ministerio espera que esta OEP sea aprobada en abril.
CSIF ha manifestado su intención de superar los números de 2025, tanto en acceso libre como en promoción interna. El sindicato enfatiza la necesidad de reforzar áreas con escasez de personal, tales como el SEPE, la Seguridad Social y las Instituciones Penitenciarias, especialmente ante el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes.
Demandas adicionales del CSIF
Además, CSIF subraya que la próxima implementación de una jornada laboral de 35 horas semanales debe ir acompañada de un aumento en el número de efectivos, considerando la reducción horaria que esto implica.
El sindicato también exige al Gobierno que, dado el contexto actual sin Presupuestos Generales del Estado, se elimine la tasa de reposición. Esta medida permitiría a los diferentes departamentos diseñar sus planes de recursos humanos en función de las necesidades reales, alineándose con lo estipulado en el Acuerdo Marco para la Mejora del Empleo Público.
En años anteriores, CSIF rechazó la oferta laboral debido a que se generó menos del 50% del empleo neto creado en 2024 y se redujo significativamente la promoción interna. Por ello, este año es crucial aplicar los criterios establecidos en el Acuerdo Marco para agilizar y mejorar los procesos selectivos y promover el desarrollo profesional.
Compromiso con la inclusión
Por otro lado, Función Pública y los sindicatos se encuentran trabajando en un acuerdo destinado a mejorar el acceso al empleo público para personas con discapacidad. Este acuerdo contempla reservar un cupo no inferior al diez por ciento de las plazas convocadas tanto para acceso libre como para promoción interna.
Entre las medidas propuestas se incluyen pruebas específicas e independientes y criterios adaptados para facilitar el acceso a puestos reservados para personas con discapacidad intelectual. Además, se tendrán en cuenta barreras arquitectónicas y tecnológicas que puedan obstaculizar una participación equitativa.
Asimismo, se reconocerán situaciones de discapacidad sobrevenida, garantizando derechos fundamentales como adaptaciones razonables en el puesto de trabajo y oportunidades adecuadas para formación y cualificación profesional.
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