La organización Sí se puede muestra su satisfacción tras el archivo de la causa judicial en la que se trataba de vincular a los concejales de la Asamblea Ciudadana Portuense (ACP), David Hernández y Alberto Cabo, con los vertidos de aguas en el municipio del Puerto de la Cruz.
La portavoz de la Coordinadora de Sí se puede Canarias, Vanesa Martín, valoró positivamente una resolución que considera “clara y contundente”, ya que determina que ambos ediles carecían de competencias municipales en materia de saneamiento y ciclo del agua, responsabilidades que se encuadraban en otra área específica dentro de la organización municipal, conocida como Área 300.
Desde la formación ecosocialista lamentan lo que califican como una “campaña política basada en acusaciones infundadas”, impulsada —según señalan— por quienes sí ostentaban competencias en esta materia. “Se ha tratado de construir un relato falso para sembrar dudas y descrédito sobre la ACP en relación con los vertidos en Playa Jardín”, apuntan.
La resolución judicial acuerda el archivo de la causa y la exclusión de ambos concejales del procedimiento, tras constatar que no existen elementos que sustenten ninguna acusación. En el caso de su compañero, David Hernández, el auto recoge que desde 2019 ha desempeñado responsabilidades vinculadas al área de Urbanismo, sin relación con la gestión del sistema de saneamiento o los vertidos.
Desde la Asamblea Ciudadana Portuense recuerdan que su actuación ha estado centrada “en la búsqueda de soluciones a un problema estructural que se arrastra desde hace décadas por la inacción política e institucional”, en referencia a los vertidos de aguas fecales en el municipio.
Vanesa Martín subrayó además que este proceso “ha supuesto un uso irresponsable de falsedades con fines políticos”, y confía en que, una vez aclarados los hechos, las administraciones competentes afronten con seriedad un problema que afecta a varios municipios de la isla.
En este sentido, desde Sí se puede instan tanto al Cabildo de Tenerife como a los ayuntamientos implicados a abordar de manera urgente y coordinada la gestión del saneamiento y las conexiones de aguas residuales, un asunto que consideran prioritario para la salud pública y la protección del entorno.
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