Para el progreso de cualquier territorio, la inversión en obra pública es fundamental para impulsar el crecimiento económico y un bienestar societario asegurado. La calidad de vida de los ciudadanos y el funcionamiento de la economía, con el componente imprescindible del tejido empresarial funcionando a pleno rendimiento, exige contar previamente con unas infraestructuras que permitan desenvolver la vida diaria con serenidad y orden. A su vez, es prioritario mantener de forma continuada un equilibrio, tanto en las inversiones como en la ejecución de obra entre los distintos lugares, puesto que una disfunción distributiva en el mismo produce sentimientos de desagravio, sumando los perjuicios económicos que genera en la zona más olvidada, en contraposición del crecimiento que conlleva la otra parte beneficiada conscientemente.
En Canarias, un territorio insular conformando un archipiélago de ocho islas, dos capitalinas, Tenerife y Gran Canaria, la necesidad de una simetría inversora y ejecutora según las necesidades de cada una se convierte en una cuestión de equidad y prosperidad igualitaria. Históricamente, las dos han sido los motores económicos de nuestra Comunidad Autónoma por razones obvias, cada una con su identidad, fortaleza y debilidad. Sin embargo, la distribución de recursos en las últimas décadas ha tendido a generar un desfase entre ambas, lo que ha derivado en un desequilibrio inversor y sobre todo de ejecución de obra pública. Gran Canaria se ha beneficiado de una cuota mayor en todo tipo de atenciones por parte del Gobierno regional, quedando Tenerife rezagada. Este desequilibrio frena el progreso global de Canarias como un conjunto cohesionado.
La armonía entre Tenerife y Gran Canaria es indispensable para garantizar que ambas islas puedan competir en igualdad de condiciones. La inversión en infraestructuras no es solo un acto de justicia territorial, sino una estrategia para promover la competitividad, la cohesión social y el bienestar de los ciudadanos. Las obras en movilidad, carreteras, aeropuertos, infraestructuras hidráulicas o sanitarias, deben repartirse con criterios de equidad, respondiendo a las necesidades reales de cada isla. Cuestión que se ha obviado deliberadamente, favoreciendo, además escandalosamente, a Gran Canaria en detrimento de Tenerife, que sigue a rebufo de lo que sobra. Lo que ha pasado y está sucediendo es que una isla se convierta en centro neurálgico con ventajas desproporcionadas, mientras que la otra queda relegada a un papel secundario. Es una realidad incuestionable.
Recientemente el consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias Pablo Rodríguez, en un infortunado video propagandístico al más estilo electoral y que explicita lo que venimos diciendo sobre la falta de proporción en Canarias, hablaba de la carretera de La Aldea, en la obra que une Agaete con El Risco, dice que es una obra fundamental, prioritaria para el Gobierno de Canarias y que se está avanzando de manera rápida en su fase final. Comenta que ya se han excavado nueve túneles y que también se han iniciado los trabajos de dos viaductos. El de El Risco, es de más de 570 metros con 90 metros de altura, señala que este viaducto imponente, servirá para tener una carretera más segura, cómoda y sobre todo, que dará la posibilidad a que la gente en Gran Canaria tenga las mismas oportunidades también yendo a La Aldea. De Tenerife nada que decir.
Un contrapeso inversor entre Tenerife y Gran Canaria no es un capricho ni una cuestión de rivalidad, sino un imperativo para el bienestar de Canarias como un todo. La igualdad en las dotaciones y la ejecución de obras públicas es la base sobre la que se construye un futuro compartido, donde cada isla se desarrolle, crezca y prospere, sin dejar a nadie atrás.
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