Esta semana el Parlamento de Canarias ha dado un paso importante al aprobar la comunicación planteada por el Gobierno en torno al denominado Decreto Canarias. No es un trámite más. Es una decisión que marca dirección y que demuestra que, cuando se quiere, esta Cámara puede situar el interés general por encima de cualquier otra consideración.
Estamos ante una oportunidad que no se presenta todos los días. El Decreto Canarias no nace del capricho ni de la improvisación. Responde a una realidad que conocemos bien: la necesidad de sostener la recuperación económica y social del Archipiélago, pero también de corregir desequilibrios que arrastramos desde hace décadas y que afectan especialmente a las islas no capitalinas.
Hablar de igualdad en Canarias no puede significar tratar a todos exactamente igual. La igualdad real exige comprender las diferencias y actuar en consecuencia. La doble insularidad, los sobrecostes, la pérdida de oportunidades o el riesgo de despoblamiento no son discursos teóricos: son realidades que condicionan la vida diaria de miles de ciudadanos.
El Decreto Canarias incorpora medidas concretas en esa dirección. La extensión de la deducción del 60% del IRPF a La Gomera y El Hierro, en línea con lo aplicado en La Palma, no es un privilegio para nadie. Es una cuestión de coherencia y de justicia territorial. Si una herramienta ha servido para compensar dificultades objetivas en una isla, lo razonable es que también se aplique allí donde existen circunstancias similares.
Lo mismo ocurre con la conectividad. En un archipiélago, poder desplazarse con garantías no es un lujo, es una condición básica para acceder al empleo, a la sanidad, a la educación y a la actividad económica. Mejorar las conexiones interinsulares mediante obligaciones de servicio público no es una demanda localista; es una apuesta por la cohesión.
Pero más allá del contenido, hay algo aún más relevante: la actitud con la que afrontemos este momento. Canarias necesita trasladar al Estado una posición unida, ambiciosa y clara. No podemos acudir con propuestas tímidas ni fragmentadas. Cuando uno negocia desde la debilidad o desde la división, el resultado suele ser insuficiente.
El acuerdo que se ha abierto paso en el Parlamento no pertenece a ningún partido. Es fruto del trabajo institucional y de la voluntad compartida por cabildos, ayuntamientos y fuerzas políticas de defender lo que consideramos justo para nuestra tierra. Y ese espíritu debe mantenerse en el proceso negociador.
Sería un error convertir este debate en un ejercicio de tacticismo. La ciudadanía no espera de nosotros cálculos partidistas ni estrategias de desgaste. Espera responsabilidad. Espera que pensemos en el futuro de Canarias y no en el próximo titular.
Estamos ante una oportunidad histórica para reforzar nuestra cohesión territorial y consolidar instrumentos que permitan a todas las islas avanzar en igualdad de condiciones. Desaprovecharla por ruido político sería imperdonable, aunque sólo se apruebe la Agenda Canaria pactada entre el Gobierno de España y Canarias, ya es un gran avance.
El Parlamento ha dado un paso. Ahora toca culminar el camino con sentido común, diálogo y altura institucional. Canarias no necesita confrontación estéril. Necesita acuerdos útiles.
Y este es el momento de demostrarlo.
Si (
No(
