La aplicación del artículo 117.3 de la ley de procedimiento
administrativo suspende la ejecución del acto que dotaba de cobertura
legal a las obras de la LP2 en el tramo Tajuya – Las Manchas, como
consecuencia de la ausencia de respuesta del Gobierno de Canarias al
recurso con solicitud de suspensión presentado por la asociación
Centinela.
El pasado 29 de enero finalizó el plazo que el gobierno tenía para
contestar y evitar la activación de lo previsto en el citado artículo
117.3 de la Ley 39/2015. A partir de entonces, todas las obras se han
realizado de forma ilegal, en lo que se conoce jurídicamente como
actuación material por la “vía de hecho”, y que, además de constituir
una irregularidad administrativa grave, podría tener consecuencias
judiciales para los políticos y funcionarios responsables.
El Gobierno de Canarias es conocedor de esta situación que él mismo ha
provocado, ya que Centinela lo ha puesto en su conocimiento por registro
oficial. Una actuación ilegal de funcionario público con pleno
conocimiento es lo que en el ámbito penal se conoce como prevaricación,
una vía que Centinela no descarta si no se detienen unas obras que
carecen de cobertura legal. También pueden recaer responsabilidades
civiles sobre la contrata de la obra por todos los daños ocasionados en
el patrimonio natural o en las propiedades a partir del 30 de enero.
Se debe recordar que la aprobación del proyecto fue recurrida en
diciembre de 2025 por Centinela por impedir a esta asociación y a
cualquier persona interesada toda posibilidad de controlar la actividad
administrativa y defender el patrimonio natural afectado, un patrimonio
que, según el Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC) debería
ser protegido específicamente de infraestructuras viarias.
El informe del IGME, encargado por el propio Gobierno de Canarias,
instaba a "no permitir en ningún caso la realización de carreteras por
este espacio, no reconstruir la LP-2 en ningún caso en su trazado
original por el fuerte impacto ambiental que supondrá este tipo de
proyectos que afectarían irremediablemente los valores naturales, la
integridad del espacio y el impacto visual negativo para los valores
naturales y de conservación. Además, las características geotécnicas de
estos materiales harían inviable la obra por su elevado coste económico;
tanto por la presencia de grandes tubos volcánicos que pueden colapsar,
las elevadas temperaturas del campo de lava en este sector y la
existencia de fumarolas.”
A pesar de esto, la confesada intención del Gobierno de Canarias era
meter las palas “sea como sea” antes de que finalizara 2025 por cumplir
no se sabe qué “compromiso.” Esta claro que la prioridad del gobierno
canario no ha sido ni es el cumplimiento de la legalidad. Por eso
resultan llamativas por cínicas las afirmaciones del consejero de Obras
Públicas del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, presumiendo de un
expediente técnico y jurídico previo “muy riguroso” y que, sin embargo,
lo ha mantenido oculto saltándose el trámite de información pública y de
audiencia a personas interesadas, y que es incapaz de defenderlo
simplemente respondiendo al recurso de reposición interpuesto por esta
asociación.
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