Las comisiones de investigación que se desarrollan en el Congreso de los Diputados y en el Senado de España nacieron con un propósito nítido: esclarecer hechos de interés público y depurar responsabilidades políticas. La práctica, sin embargo, ha desvirtuado ese objetivo. Lo que se proyecta hoy es una imagen muy alejada del rigor y peligrosamente cercana al circo. Lo vimos este lunes en la declaración del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la Comisión de Investigación de la DANA de Valencia en el Congreso.
Las sesiones se han convertido, con demasiada frecuencia, en escenarios de desgaste del adversario. Abundan las preguntas capciosas, los discursos prefabricados y el uso táctico del tiempo para fabricar titulares antes que para alumbrar conclusiones. El tono faltón —cuando no directamente bronco— ha sustituido a la cortesía parlamentaria exigible. Y con ello se erosiona la credibilidad de una herramienta clave de control democrático.
Cuando la investigación se supedita a la estrategia partidista, el resultado es previsible: ruido, polarización y ninguna certeza adicional. Se confunde fiscalización con escarnio; transparencia con espectáculo. El ciudadano asiste, cansado, a un intercambio de reproches que muy rara vez culmina en informes sólidos, recomendaciones útiles o responsabilidades asumidas.
El ciudadano asiste, cansado, a un intercambio de reproches que rara vez culmina en informes sólidos, recomendaciones útiles o responsabilidades asumidas.
El Parlamento debería ser el espacio donde la política se somete a reglas y métodos. Comisiones con comparecencias bien preparadas, documentación contrastada, preguntas pertinentes y respeto institucional. Lo contrario —la teatralización permanente— no solo desnaturaliza el instrumento, sino que alimenta el descrédito de la propia democracia representativa.
Urge recuperar el sentido. Limitar los excesos verbales, acotar los tiempos a lo sustantivo y exigir conclusiones claras. Investigar no es humillar y controlar no es insultar. Si las comisiones continúan siendo un ring, perderán su razón de ser y, lo que es peor, seguirán alejando a la ciudadanía de unas instituciones que necesitan, más que nunca, autoridad moral y eficacia política.