Esther González y Carmen Hernández denuncian la nula voluntad de diálogo del Gobierno sobre sus propuestas de mejora en vivienda, sanidad y políticas sociales.
Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) destapó, en la comisión de Hacienda que aprobó el dictamen de los presupuestos con el voto en contra de la formación canarista, un “golpe a la legalidad” en las cuentas para 2026 del Gobierno de Fernando Clavijo, a través de unas enmiendas de los grupos de CC, el PP, la AHI y la ASG. Las diputadas Esther González y Carmen Hernández informaron de la petición elevada a la Mesa del Parlamento para elaborar un informe jurídico que determine la legalidad de una maniobra que puede acabar perjudicando a los plataneros de La Palma al tener que verse obligados a devolver los fondos europeos con intereses. A pesar de los esfuerzos de NC por aplazar la votación hasta disponer de dicho informe, los grupos del Gobierno optaron por seguir adelante y validar la enmienda sin los controles de legalidad exigidos. Para González y Hernández se trata de una actuación de “extrema gravedad” que podría derivar en un conflicto similar al de los presupuestos de 2025, actualmentedenunciados en el Tribunal Constitucional.
Ambas parlamentarias se ratificaron hoy en la “nula voluntad de diálogo” del Gobierno y los grupos que lo sustentan y alertaron sobre la posible ilegalidad de una enmienda que concede ayudas de minimis al sector platanero de La Palma, ya aprobada en la ponencia (número 116) y complementada mediante una enmienda in voce hoy aprobada (C-9, con la que modifican la inicial denominada P-50).
Esther González y Carmen Hernández informaron de la petición formal realizada a la Mesa de la Cámara para la elaboración de un informe jurídico que aclare la compatibilidad de estas ayudas con el derecho comunitario, dado que podríanincumplir los reglamentos europeos y el decreto canario 100/1999, tal y como recoge la solicitud remitida por NC-BC al órgano de gobierno del Legislativo.
Esther González centró su intervención en la grave irregularidad contenida en la enmienda 116 y la enmienda in voce P-50 de los grupos del Ejecutivo de Clavijo, queconceden ayudas de minimis a un grupo numeroso de productores de plátano que ya recibió ayudas estatales por los daños de la erupción volcánica de La Palma. Según el informe remitido por NC-BC a la Mesa, dicha acumulación de ayudas está prohibida por los reglamentos europeos, en concreto el Reglamento (UE) 702/2014 (artículo 8.6) y el Reglamento (UE) 1408/2013 (artículo 5.3).
Además, la enmienda in voce P-50 añade un apartado que elimina la obligación de solicitar los informes preceptivos de compatibilidad con las normas europeas de competencia, informes que deben ser emitidos por la Dirección General deAsuntos Europeos conforme al Decreto 100/1999, extremo que NC-BC considera un “hecho inédito e ilegal”.
Esto, para González, es una “cacicada al más puro” estilo Trump. “Como saben (CC, el PP, la AHI y la ASG) que el informe de Asuntos Europeos será negativo, pretendeneliminarlo de un plumazo. Europa no es tonta y no les va a salir bien. Al final, quienes pagarán serán los plataneros palmeros, que tendrán que devolver las ayudas con intereses”, advirtió.
NC-BC sostiene que la maniobra del Gobierno y sus socios busca “eludir todos los controles de legalidad, tanto los informes ex ante como los ex post” establecidos para proteger la correcta gestión de ayudas públicas con fondos europeos.
Esther González, en la defensa general de las enmiendas, sentenció que el margen real para modificar el proyecto presupuestario era “el mismo que caiga nieve enFuerteventura en agosto, cero”. Según expuso, Nueva Canarias registró 264 enmiendas parciales (75 al articulado y 189 a estados financieros) “y no se aceptó ni una sola”. Para Carmen Hernández “no nos han pasado el rodillo; nos han pasado la apisonadora”.
Hernández reprochó al Ejecutivo de las dos derechas que haya mostrado “más talante negociador” con la diputada no adscrita, que se representa a sí misma, que “con un grupoparlamentario como el de NC-BC que representa a más de 80.000 canarias y canarios”. Mantuvo la defensa de las enmiendas como propuestas razonables para mejorar unas cuentas francamente insuficientes, especialmente en áreas sociales.
En materia educativa recordó los 25,3 millones de euros adicionales para la renovación de centros educativos, el techado y zonas de sombra en islas con mayor durezaclimática, un plan urgente de adaptación al cambio climático y mejoras en escuelas infantiles y en convivencia y prevención del acoso escolar.
En relación al sistema sanitario, criticó el modelo de gestión y mantuvo la defensa de las enmiendas para reforzar de manera sustancial la atención primaria, mejorar la salud mental y la atención al Alzheimer, modernizar infraestructuras sanitarias, dotar de un helicóptero a Lanzarote y destinar 10 millones de euros a investigación.
Tras detallar las propuestas de mejora con 10,6 millones de euros para afrontar la emergencia habitacional y otras en el ámbito social, Hernández se ratificó en las relativas a las universidades públicas basadas íntegramente en lasnecesidades trasladadas por los rectores, para ampliar créditos destinados a cubrir el incremento del gasto de personal (94,7 millones de euros para la Universidad de La Laguna y 77,4 millones de euros para la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria).
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