No es una jornada sobre el derecho a la vivienda sino sobre el negocio inmobiliario. Aunque se presenta como un encuentro para “un nuevo modelo de vivienda”, el programa está dominado por promotores, bancos, constructoras, consultoras inmobiliarias y agentes privados vinculados a la especulación del suelo.
Los actores prioritarios en estas jornadas son intereses empresariales, no la ciudadanía afectada por desahucios, infravivienda o alquileres inasumibles.
Este congreso legitima el modelo que ha generado la crisis porque se analizan licencias, suelo urbanizable, financiación privada e industrialización como si el problema fuera técnico, cuando es político y estructural.
El enfoque que le dan es más suelo, más obra, más mercado, pero ese modelo es exactamente el que ha encarecido la vivienda y expulsado a la población residente.
Se prioriza la colaboración público-privada sin evaluar sus consecuencias y las mesas celebran la externalización, las concesiones y la financiación privada de vivienda protegida, cuando este modelo ya ha demostrado que eleva los precios del alquiler protegido con cláusulas de rentabilidad privada y se depende del mercado financiero para garantizar derechos y se privatiza suelo público bajo fórmulas opacas como “concesiones a 75 años”.
Se sigue teniendo la vivienda como un activo financiero y mercancía estratégica, no como un derecho y no se abordan las causas reales de la emergencia habitacional.
Se tendría que tratar la turistificación, las viviendas vacacionales, el acaparamiento de vivienda por fondos buitre y socimis, para tenerlas cerradas, esperando a especular. En Canarias hay 211.000 viviendas cerradas y no se pone freno a la especulación y fiscalidad contra las viviendas vacías.
No se potencian modelos cooperativos sin ánimo de lucro y no se limita los precios de los alquileres.
El congreso habla de “asequible”, pero no discute cómo detener la especulación que impide que sea asequible.
La perspectiva ciudadana en este congreso está marginada, no hay representación de plataformas de afectados por la vivienda, de Derecho Al Techo, de Sindicatos de Inquilinas e Inquilinos, del tercer sector que atiende emergencias habitacionales (más allá de representación simbólica), de jóvenes expulsados del mercado residencial, de la inmigración y familias monoparentales, mayores y colectivos vulnerables.
En estas jornadas la vivienda se trata como un sector económico, no como un derecho constitucional y convierte una emergencia social en oportunidad de negocio que se delatan en el lenguaje que usan: “Oportunidades de mercado”, “Industrialización de la vivienda”, “Modelos de inversión”, “Gestores inmobiliarios”.
Mientras miles de personas esperan vivienda pública, este congreso presenta la crisis habitacional como nicho de inversión y excluye modelos alternativos ya demostrados como vivienda pública permanente (modelo Viena). Parques públicos municipales no privatizables (modelo País Vasco) y cooperativas en cesión de uso o community land trusts. La Moratoria turística o regulación estricta de viviendas vacacionales.
El que esto no esté en la agenda demuestra que estas jornadas no busca soluciones, sino continuidad del sistema.
Dicen de construir consenso y legitimidad pero este tipo de eventos funcionan como marketing político, lavado institucional y escenificación de diálogo sin conflicto.
Y hay conflicto entre el derecho a habitar y el derecho a especular.
Por todo ello rechazamos estas jornadas y porque no representa al pueblo que sufre la crisis habitacional, sino a quienes se benefician de ella.
No aborda las causas reales, sino que profundiza en un modelo extractivo.
No garantiza el derecho a la vivienda y lo mercantiliza, lo privatiza y lo desplaza del ámbito público al financiero.
Para solucionar la crisis habitacional la vivienda no puede seguir siendo una mercancía.
La vivienda es un derecho.
Si (
No(
