El Proyecto de Ley de Finanzas (PLF) del Reino de Marruecos -PLF 2026- marca un giro decisivo en las políticas públicas del país, respondiendo con firmeza a la urgente demanda de transparencia y justicia manifestada por la juventud, representada por el movimiento GenZ-212, que ha protagonizado importantes protestas en todo el país.
GenZ-212, surgido en redes sociales, expresa un profundo rechazo a la corrupción arraigada en la Administración Pública, reclamando la justicia social como prioridad nacional. Esta demanda social ha sido reflejada en las directrices del PLF 2026, bajo la orientación de SM el rey Mohamed VI.
El PLF o los Presupuestos Generales del Estado para 2026 se estructuran en torno a cinco ejes clave: consolidar avances económicos, impulsar programas de desarrollo territorial, fortalecer los pilares del Estado social, preservar el equilibrio financiero y reformar la Ley Orgánica de Finanzas.
El carácter social de estos presupuestos se evidencia en una asignación histórica de 140 mil millones de dirhams (MMD), equivalente al 10% del PIB, dirigida principalmente a Sanidad y Educación, suponiendo un aumento del 19% respecto al ejercicio anterior.
Un aumento presupuestario que refleja la importancia que SM el rey concede a la Sanidad y a la Educación respondiendo así a las preocupaciones más acuciantes de los marroquíes.
Así, para sanidad se prevé la modernización de centros de atención primaria, ampliación del acceso y mejora en la calidad de los servicios, junto con la incorporación de 27,000 nuevos profesionales.
Y en el caso de la educación se contempla el fortalecimiento de la educación básica de la educación básica, estímulo a la inclusión, becas para familias vulnerables y medidas para reducir el abandono escolar.
Las medidas sociales anunciadas son claras y concisas; ambos sectores contarán con un total de 27.000 nuevos efectivos que van a reforzar sus plantillas, mejorando así sus capacidades para atender las crecientes necesidades.
Es más, si el PLF destaca por su carácter social e incide en aumentar la equidad fiscal, reducir el fraude y asegurar una recaudación efectiva, contribuyendo a la sostenibilidad financiera del Estado y a la justicia social, más importante resulta la reforma de la Ley Orgánica de Finanzas que propone; en tanto que sugiere medidas para fortalecer la gobernanza de las políticas públicas orientando los presupuestos hacia la responsabilización y la rendición de cuentas.
O sea, el impacto del PLF-2026 no depende tanto de la magnitud de los recursos asignados sino de su gestión pública y del compromiso de los responsables que deberán supervisar y evaluar el uso eficiente y transparente de dichos recursos, velando así por su justa asignación.
Esto es, la reforma de la Ley Orgánica de Finanzas introduce innovadores sistemas de evaluación y control ex post, con indicadores multidimensionales para medir cobertura, calidad, eficiencia, equidad e impacto. Un enfoque que, orientado a lograr resultados tangibles, debe combatir la corrupción y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.
Una fiscalización contundente basada en la transparencia y rendición de cuentas ante las Cortes Generales y la sociedad buscará la excelencia en el desempeño de la función pública, así como de resultados. La implementación de estas medidas permite detectar brechas, monitorear progresos y orientar la formulación de políticas públicas sería clave para alcanzar el bienestar social.
De hecho, la histórica cifra destinada a gasto social solo será efectiva si se traduce en mejoras reales para la población, respondiendo así a las críticas del movimiento GenZ-212 sobre la corrupción estructural que afecta el país.
Resulta esencial una supervisión sistemática que garantice la efectividad de las políticas públicas y fortalezca el Estado democrático y social en el Reino de Marruecos, posibilitando un desarrollo nacional que promueva la justicia social, reduzca desigualdades territoriales y consolide un modelo de crecimiento sostenido, inclusivo y transparente.
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