Siete años después de llegar al poder mediante una moción de censura justificada por la corrupción del PP, Pedro Sánchez lidera un Gobierno de coalición de PSOE y Sumar que ha degenerado en sus formas antidemocráticas hasta límites insospechados.
Lo que comenzó como una promesa de regeneración democrática, ha desembocado en un proyecto político basado en la erosión sistemática del Estado de derecho. Las maniobras del sanchismo para desactivar el control judicial —con la Fiscalía General del Estado convertida en apéndice del Ejecutivo— y las sospechas sobre la neutralización de investigaciones policiales —vía cloacas del PSOE— no son episodios aislados, sino parte de una estrategia corrosiva.
Desde este punto de vista, la indignación social es palpable y la movilización en las calles, como la convocada por el Partido Popular este domingo en Madrid, es más que comprensible.
España atraviesa una crisis institucional grave, no por enfrentamiento ideológico, sino por el vaciamiento de las garantías democráticas en manos de un Ejecutivo que ya no representa a una mayoría parlamentaria ni social. Sánchez gobierna con una minoría que no ha logrado aprobar los presupuestos generales del Estado, lo que por sí solo justificaría una moción de confianza o la convocatoria de elecciones.
España atraviesa una crisis institucional grave, no por enfrentamiento ideológico, sino por el vaciamiento de las garantías democráticas en manos de un Ejecutivo que ya no representa a una mayoría parlamentaria ni social
Alberto Núñez Feijóo ha sido claro al exigir al presidente que “se rinda ante la democracia” y devuelva la palabra a los ciudadanos. Porque, en efecto, nadie le votó para esto. Nadie avaló una legislatura basada en cesiones a grupos independentistas, en la degradación del Ministerio Fiscal, la colonización de las instituciones por afines al sanchismo, incluyendo la transformación de la televisión pública TVE en un medio insultantemente partidista y en el silenciamiento de las alertas institucionales.
España merece un Gobierno que escuche y respete las reglas, no uno que maniobre en el subsuelo y en los márgenes de la legalidad para sostenerse en el poder. Ha llegado la hora de que Sánchez, como ya hizo en su día Rajoy, asuma su responsabilidad. Si aún le queda un mínimo respeto por la democracia que dice defender, debe convocar elecciones.
Pero lejos de eso, el Gobierno se dedica a atacar a los rivales políticos y propagar bulos desde la sala de prensa del Palacio de la Moncloa. El Consejo de Ministros no se dedica a resolver problemas, sino a intentar causarlos a los Gobiernos autonómicos en manos del PP. Y una militante del PSOE, colaboradora estrecha del secretario de organización federal, Santos Cerdán, se reúne con imputados en casos de corrupción para ofrecerles la docilidad de la Fiscalía a cambio de informaciones siniestras para utilizar contra jueces, fiscales e investigadores de la UCO.
A esto ha conducido el sanchismo al PSOE: a una degradación política e institucional que, de prolongarse en el tiempo, acarreará graves consecuencias para el propio PSOE, como ya vaticinan unos pocos socialistas que se atreven a alzar la voz ante un Pedro Sánchez silente y oculto.
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