La muerte del inmigrante en el aeropuerto de Gran Canaria ha puesto en evidencia, una vez más, la profunda polarización social que vivimos: hay quienes se posicionan incondicionalmente a favor del policía y otros que defienden solo a la víctima. Esta división simplifica en exceso una realidad mucho más compleja, en la que ambos son víctimas de un sistema que ni ofrece los recursos adecuados ni aborda con seriedad la cuestión migratoria y de seguridad.
Por un lado, las fuerzas de seguridad actúan con condiciones precarias, falta de formación adecuada y bajo una presión constante, sin contar con los medios necesarios para manejar situaciones tan delicadas como la gestión de personas en movilidad forzada. Por otro lado, los migrantes llegan a Canarias huyendo de circunstancias extremas, enfrentándose a un sistema que no garantiza su protección ni su dignidad.
El Estado ha fallado en proporcionar soluciones integrales y humanas, que respeten los derechos de todas las partes implicadas. La falta de una política migratoria clara y dotada de recursos ha generado un círculo vicioso de tensión y violencia, del que ni la policía ni los migrantes son responsables directos, sino las instituciones.
Es urgente que dejemos de lado la polarización simplista y que demandemos un compromiso real y efectivo: dotar a las fuerzas de seguridad de formación, medios y protocolos adecuados, mientras se garantizan los derechos humanos y las condiciones dignas para las personas migrantes. Solo desde esta perspectiva integral podremos evitar nuevas tragedias y avanzar hacia una Canarias más justa, segura y humana.
Marilena Sanchez Godoy
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