La asociación ecologista Centinela ha presentado más de 60 alegaciones al Borrador del Proyecto de Ley de actualización de la Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias. El escrito de alegaciones pone de relieve un grave retroceso en las garantías ambientales, jurídicas y participativas y reclama la retirada o reforma sustancial del texto legislativo propuesto por el Gobierno autonómico.
Desde Centinela se denuncia que el nuevo marco normativo propuesto disminuye el control ambiental, amplía la discrecionalidad administrativa y socava la protección del suelo rústico y de los espacios naturales, todo ello bajo la justificación de una supuesta “simplificación", "clarificación" y "actualización". Esta reforma no es una mejora técnica: es la deriva política que desprotege el territorio y favorece la especulación.
Una de las principales preocupaciones de esta asociación es el impacto que esta ley puede tener sobre el suelo rústico, cada vez más presionado por intereses turísticos, a los que ahora se suman los intereses de las eléctricas. En este sentido, es importante recordar que Canarias ostenta el récord del precio medio de suelo rústico más alto de España: 146.885 €/ha en 2023, según la Encuesta de Precios de la Tierra del Ministerio de Agricultura. Esta cifra multiplica por casi quince la media estatal (9.967 €/ha). El hecho de que Baleares, con 19.830 €/ha., tenga un valor 7 veces inferior, demuestra que no es cuestión de insularidad o escasez física de suelo, sino de una normativa cada vez más porosa y fluctuante, pues en Canarias cada reforma legal da un paso más en convertir lo excepcional en lo ordinario, disparando el valor especulativo del suelo rústico con la expectativa de que, tarde o temprano, será urbanizable.
El borrador del proyecto de Ley justifica muchas de estas medidas como una respuesta al “reto demográfico” y la despoblación rural. Pero Centinela rebate este argumento: La flexibilización normativa no sirve para fijar población, sino para inflar los precios y atraer inversiones ajenas a la vocación y definición auténticas del suelo rústico. El resultado es más turismo, más presión inmobiliaria y menos acceso a la tierra para agricultores, ganaderos y los propios residentes”.
Las alegaciones ponen también el foco en la exclusión o debilitamiento de las evaluaciones ambientales, la abundancia de conceptos jurídicos indeterminados, así como la reducción de los tiempos de exposición pública. Estas medidas vulneran principios como la seguridad jurídica, protección al medioambiente y el derecho a la participación pública.
Aprobar esta reforma de la Ley del Suelo supone continuar la escalada del precio del suelo rústico, alejándolo de su función social, ambiental y productiva, y agravando los problemas de acceso a la tierra y la vivienda, pues todo queda sometido al mercado especulativo. La manifestación del próximo domingo 18 de mayo en todas las islas del archipiélago y varias capitales peninsulares es una gran oportunidad para exigir al gobierno y al parlamento canario que den un giro de 180 grados a esta reforma, que se desande un camino que solo conduce al desastre: Canarias tiene un límite.
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