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España, ¿adónde vamos?

Por Sebastián Urbina
miércoles 23 de noviembre de 2022, 06:00h

No es fácil saber en qué momento- aproximado- se tomó un camino equivocado que nos ha conducido a esta grave situación actual. Una situación en la que el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, gobierna gracias al apoyo de comunistas, golpistas catalanistas y filoetarras. A mí, me parece gravísimo.

Una muestra de la extrema gravedad que vivimos es que este presidente (con la ayuda de los enemigos declarados de España) quiere colocar al muy sectario (soy suave, lo sé) Cándido Conde-Pumpido como presidente del Tribunal Constitucional. ¿Con qué objetivo? Cargarse el régimen del 78. ¿Y eso? Satisfacer las exigencias de los socios antidemócratas y antiespañoles de Sánchez, además de mantenerse en el poder y guardarse las espaldas. Controlando el TC.

Otro tipejo. La etapa que va de 1980 a 2003, en la que Jordi Pujol fue presidente de la Generalidad (23 años), es cuando se desarrolla la construcción nacional catalana. El germen del golpe de Estado de 2017. Pues bien, Pujol pudo alimentar la independencia de Cataluña durante 23 años sin que PP/PSOE hicieran nada para evitarlo. A veces, dando facilidades. Resumiendo, un vergonzoso fracaso histórico del bipartidismo.

Pondré un ejemplo de 2008, que muestra la ceguera y la estupidez política generalizada de entonces. Y sigue. El ministro de Economía del gobierno Zapatero, Miguel Sebastián, publicó el artículo 'España no se rompe'. Decía el ex ministro de Economía, en su artículo: "¿Qué quiere decir exactamente esto de que España se rompe? Entiendo que la afirmación no se refiere a una ruptura política, dado que todos los partidos que han gobernado España en democracia y los que lo harán en las próximas décadas (UCD; PP y PSOE) han dado muestras suficientes de su compromiso con la unidad de España, con la Constitución de 1978 y con el Estado de las Autonomías".

Sin embargo, en el mismo año 2008, los españoles (la mayoría) no estaban tan tranquilos.

Según encuestas del mes de agosto de 2008, la mitad de los españoles opinaba que el sistema autonómico crea más problemas que los que soluciona. Según el 49'9%, aumenta las desigualdades sociales y económicas entre regiones. Según el 50'3%, pone en peligro la unidad del país. En concreto, el 72% de los votantes del PP, el 36% de los votantes del PSOE, y el 35% de los votantes de IU, creían que España estaba a punto de romperse.

¿Por qué esta importante diferencia entre políticos y ciudadanos? Se ha dicho que en España tenemos, más que una democracia, una partitocracia.

¿Qué es la partitocracia? El profesor Javier Tajadura, en su libro 'Justicia y partitocracia', muestra sus defectos: dominio de las oligarquías de los partidos distanciamiento con sus afiliados y votantes; estrategias diseñadas con sometimiento, básicamente, electoral; tácticas para perpetuarse en el poder y mantener los círculos creados -y cerrados- en torno al partido; enfrentamiento entre partidos más que voluntad de pacto; corrupción y obediencia interna.

Si los partidos- en este caso los partidos PP/PSOE, que han gobernado España los últimos cuarenta años-, se hubieran preocupado por las preferencias de los españoles, hubieran actuado de otra forma. Es decir, las citadas encuestas de 2008 indicaban que muchos españoles estaban preocupados por el desbarajuste y la ineficiencia del sistema autonómico. Y por la unidad de España. Sin embargo, PP y PSOE despreciaron estas preocupaciones ciudadanas.

Según la edición revisada y actualizada a mayo de 2011, y ampliada, de 'El coste del Estado Autonómico', de la Fundación Progreso y Democracia, formada por expertos en administración, gestión y economía, se pueden establecer estas conclusiones: las CCAA derrochan unos 26.000 millones de euros en gasto corriente y de personal; España es el país con el gasto más descentralizado de Europa, aunque las CCAA no responden por su endeudamiento; hay un descontrol en la multiplicación de servicios, entidades y empresas públicas; hay, aproximadamente, tres millones de empleados públicos entre todas las administraciones; hay sobrecostes injustificables: por ejemplo, un parlamentario autonómico catalán cuesta 188.000 euros anuales, y un diputado nacional del Congreso de Diputados, 103.090 euros.

Otros sobrecostes inadmisibles son las televisiones de las CCAA; hay una excesiva cantidad de normas, derivada de la multiplicación de administraciones, lo que daña la unidad de mercado; el 46% del presupuesto de las CCAA va a gastos de personal y corriente; el Estado carece de instrumentos suficientes para controlar adecuadamente el gasto público de las CCAA. Esta es la partitocracia que nos lleva a la ruina y nos machaca a impuestos.

En cuanto a la preocupación ciudadana por la unidad de España, PP/PSOE la han despreciado. ¿En qué sentido? Han permitido que los partidos separatistas -los que han dado un golpe de Estado y simpatizantes- controlaran el sistema educativo, televisiones públicas, emisoras de radio, y prensa, digital y escrita. Adoctrinando en las escuelas, desde hace décadas, en el odio a España.

Los políticos de PP/PSOE, -con las excepciones de rigor-, han mentido sistemáticamente, disimulando, durante décadas, las ilegalidades, deslealtades y chantajes de partidos como CIU o PNV, y similares. Y ahora, ¡con Podemitas, golpistas y filoetarras, socios del gobierno socialista!

Y cuando llega Vox (2014), que pone pie en pared frente a los enemigos de España, la izquierda, las criadas mediáticas subvencionadas, el profesorado progre, y la derecha centrada, avisan, alarmados, del peligro fascista. ¿Sólo están atontados?

El pecado de Vox es no agachar la cabeza ante la izquierda y desafiar su actual hegemonía cultural. Por tanto, como buenos aborregados de progreso, necesitamos una potente alerta antifascista. ¡Y yo, absurdamente preocupado porque comunistas, golpistas catalanistas y filoetarras sostienen el gobierno socialista!

El Parlamento europeo pide investigar los crímenes de ETA como de lesa humanidad, con el rechazo del PSOE.

(20/04/2022-El Independiente).

El 17/11/2022, el PSOE y su banda rechazaron una enmienda del PP para destinar un millón de euros a investigar los 379 crímenes de ETA no resueltos.

Tres de las cuatro asociaciones de referencia en el ámbito de la carrera judicial se han dirigido por carta a la Comisión Europea para denunciar el "riesgo claro de violación grave del Estado de Derecho" en el que se encuentra el poder judicial español a raíz del intento de asalto del gobierno de Pedro Sánchez al Consejo General del Poder Judicial.

¿Adónde va España cuando el presidente del gobierno, el socialista Sánchez, rechaza investigar a los asesinos etarras, se inclina ante las infames exigencias de sus socios, declarados enemigos de nuestra patria, manipula a los jueces, Memoria Histórica, control de medios, etcétera? Suelta de violadores aparte.

Esperemos que el pueblo tenga la madurez política suficiente para ver el grave peligro de esta tropa sin escrúpulos.

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