El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este domingo una rebaja de impuestos para aquellos sectores afectados por las consecuencias de la guerra de Ucrania, en línea con lo solicitado por todos los presidentes autonómicos en la XXVI Conferencia de Presidentes celebrada en La Palma. En el mismo foro se reclamó medidas para contener el alza de los precios del transporte de viajeros, clave en las conexiones entre islas y con la Península; también pidió ayudas ante el sobrecoste que la inflación de la energía genera en el transporte de mercancías.
Parece lógico que el impacto de esta nueva crisis en los bolsillos de los ciudadanos y en las cuentas de las empresas se palíe con una intervención directa de las administraciones sobre los impuestos. La situación, sin embargo, es tan acuciante que requiere que las soluciones se adopten de manera urgente, más allá de los titulares conseguidos al cierre de una Conferencia de Presidentes que en su declaración final recoge muy genéricamente que el Gobierno y las comunidades "comparten la determinación para proteger a nuestras empresas, a nuestra industria y a nuestra ciudadanía", en el marco de un Plan nacional de respuesta a las consecuencias de la guerra de Ucrania en España.
Más allá de esta declaración, de momento, Sánchez no ha concretado el alcance ni la magnitud de la citada rebaja fiscal; en la reunión tan sólo anunció la convocatoria de una conferencia sectorial con la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, para tratar el asunto.
La crisis sobrevenida con la invasión de Ucrania se suma a la inflación disparada por el coste de la energía, ya desde mediados del año pasado. Paradójicamente, la situación está suponiendo una mayor recaudación para las administraciones por la vía de los impuestos. Sólo en materia de combustibles, del precio abonado en las gasolineras por los conductores, el 52 por ciento son impuestos que revierten a las arcas públicas.
Es de justicia, pues, que las administraciones reduzcan sus ingresos rebajando impuestos, lo que tendrá un efecto directo sobre los bolsillos de los contribuyentes. Y toca hacerlo más pronto que tarde para que su aplicación beneficie a quienes ahora son los más afectados.
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