La Plataforma por el 5% en Educación publicará próximamente un nuevo estudio que pone en evidencia la escasa voluntad política, el bajo progreso y las grandes diferencias entre los municipios de la Comunidad Canaria con relación a la implantación de la Infantil 0-3 años. Han solicitado reuniones con la Consejera de Educación y con la presidenta de la Federación Canaria de Municipios (FECAM), para hacerle entrega del informe, instar a la publicación del plan para atender las necesidades de escolarización en el primer ciclo de educación infantil y urgir a la elaboración de un Convenio entre el Gobierno y la FECAM para situarnos en un plazo razonable en las medias del Estado. La Plataforma, avalada por los informes de diversos organismos, considera clave y prioritaria esta etapa educativa para prevenir el fracaso escolar y compensar la creciente situación de pobreza y desigualdad.
La Plataforma viene denunciando que la escasa financiación de la educación y el enorme retraso en la implantación de la Educación Infantil de 0-3 años en Canarias, se deben a la escasa conciencia política de la importancia que tiene la educación como ascensor social. De acuerdo con los datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional y del INE, Canarias se sitúa, junto con Murcia, a la cola de todas las comunidades autónomas en cuanto a la implantación pública del Primer Ciclo de la Educación Infantil con apenas un 10,52%, muy lejos del 21,32% del conjunto de las comunidades autónomas. Hay que destacar como ejemplo de política progresista y social el caso de Extremadura que, en apenas tres cursos académicos, se situó por encima de la media del Estado y está actualmente en el 28,58% de escolarización de su alumnado de 0-3 años en centros públicos.
Dado que la oferta pública de plazas para este ciclo se realiza fundamentalmente desde los propios ayuntamientos, la plataforma está actualizando su estudio de la implantación según municipios durante el curso 2019-20 a partir del número de plazas declarado por la FECAM y reconocido por los ayuntamientos a los efectos de acceder a las subvenciones del Gobierno de Canarias a centros públicos municipales autorizados que imparten el Primer Ciclo de Educación Infantil, para contribuir a sufragar parte de sus gastos corrientes en el año 2020.
Sobre la evolución de la escolarización de esta etapa en los municipios canarios, respecto al curso anterior, podemos concluir lo siguiente:
La Ley Canaria de Educación estableció en su Disposición adicional decimonovena que, con relación a la Educación Infantil de 0 a 3 años, el Gobierno presentaría al Parlamento, en un plazo no superior a un año desde la entrada en vigor de la ley (aprobada en 2014), un mapa de la educación infantil en Canarias, así como un plan para atender las necesidades de escolarización en el primer ciclo de educación infantil. Han pasado 5 años desde la fecha prevista y, mientras la brecha con el resto de CCAA crece sin parar, Canarias sigue sin contar con estos valiosos instrumentos para avanzar en la implantación del Primer Ciclo de Educación Infantil.
La plataforma 5% para Educación insta a los Ayuntamientos sin oferta o con oferta inferior al 21% a elaborar de forma urgente un plan de implantación y desarrollo de la oferta de educación 0-3 años que permita cerrar en esta legislatura la brecha que les separa del resto de España, ya sea con fondos propios o en colaboración con otras administraciones. En dicho sentido, también instamos a la Consejería de Educación a firmar un convenio con la FECAM para, siguiendo el ejemplo de Extremadura, situarnos en un plazo razonable en las medias del Estado.
Como señalamos en estudios anteriores, Canarias sufre una creciente brecha educativa con el resto de comunidades autónomas de España como consecuencia de que sus procesos de mejora educativa son demasiado lentos, lo que está situando a la juventud canaria en un nivel de desventaja creciente que requiere una respuesta urgente del conjunto de instituciones y poderes públicos con responsabilidades educativas. Aumentar la oferta del tramo 0-3 años se convierte en un objetivo estratégico para contribuir al desarrollo de la población infantil, prevenir dificultades de aprendizaje, y compensar las desigualdades derivadas del entorno social, cultural y económico adverso.