TRIBUNALES | Piden que el PP sea responsable civil subsidiario
Viernes 27 de mayo de 2011
La Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía de la Comunidad Autónoma solicitan un total de 115 años y medio de prisión para los 18 acusados del caso Scala, contra quienes la jueza instructora ya ha abierto juicio oral para que puedan ser juzgados por el presunto desvío de unos siete millones de euros a través del Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB) durante la pasada legislatura del PP. Las penas de cárcel más elevadas las piden para el ex conseller de Comercio, Industria y Energía, Josep Juan Cardona (21 años) y el ex director general de Promoción Industrial, Kurt Viaene (20 años).
Así consta en el auto de apertura de juicio oral, al que ha tenido acceso Europa Press, dictado por la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Palma, Piedad Marín, después de que el Ministerio Público presentase su escrito de acusación, de unas 400 páginas, y el Govern se adhiriese a las peticiones de la acusación pública.
La Fiscalía también reclama elevadas indemnizaciones por parte de los acusados en favor del Ejecutivo autonómico, y entre ellas solicita un total de 5.491.283 euros para Cardona, Viaene y Ordinas, principales acusados del caso. En esta misma línea, pide que Cardona, Viaene y el empresario Antonio Munar, así como el PP como responsable civil subsidiario, paguen a la Conselleria de Comercio 10.585 euros.
Esta última cantidad es la que, según las investigaciones, se desvió desde el CDEIB para financiar el transporte de unos 6.000 kilogramos de folletos publicitarios para la campaña electoral del PP en Ibiza y Formentera, elaborados de forma gratuita por el publicista Joan Rosselló. Transporte que se efectuó a través de la empresa Mex-Trascentro, que cobró al CDEIB 10.585 euros, según una factura en la que aparecía camuflado el transporte bajo el nombre 'Productos 5 Estrellas'.
EL PP RECUPERA LOS 6.000 EUROS QUE PAGÓ PARA SER ACUSACIÓN POPULAR
Cabe señalar que la jueza ha acordado asimismo mediante otro auto la devolución al PP de los 6.000 euros que la formación consignó en su día para poder ejercer la acción popular en este procedimiento, si bien finalmente decidió apartarse de la causa.
En el marco de estas pesquisas, los fiscales anticorrupción Pedro Horrach y Juan Carrau achacan a Cardona la posición de líder de esta presunta trama de corrupción, mediante la cual Viaene y Ordinas planificaron y ejecutaron actuaciones dirigidas a apoderarse de los fondos públicos y emplear todas las coberturas formales necesarias a efectos de que el expolio pasara desapercibido.
La Fiscalía ratifica así lo que ya detallaba al pedir el fin de la instrucción del caso, al apuntar al "robo sistemático" efectuado por los inculpados mediante la creación de entidades mercantiles al frente de las cuales usaban "hombres de paja o testaferros" y a las que otorgaban numerosos contratos; la utilización de empresas existentes que pasaron a controlar; la exigencia y cobro de comisiones a proveedores del CDEIB y la organización de las ferias en las que participaba el Consorcio.
"Una actividad delictiva que requería la creación y mantenimiento de una infraestructura personal o red de colaboradores", detallaba la acusación. Entre otras actuaciones, los fiscales señalan cómo Ordinas alteró facturas de compras que había realizado en el extranjero, concretamente en China -donde había acudido en representación del CDEIB-, modificando el importe y remitirlas al Consorcio para su abono; y cómo Cardona, Viaene, Ordinas, Ferré y el empresario Arnaldus Van Den Hurk se apropiaron de fondos de la empresa para realizar viajes particulares a China en busca de oportunidades de negocio para provecho propio.
La causa permaneció durante varios meses en manos del magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), Antoni Capó, debido al aforamiento de Cardona. Durante ese periodo, el juez le impuso una fianza de responsabilidad civil de 2.940.380 euros frente a los 4,8 millones que solicitaron los fiscales anticorrupción Juan Carrau y Pedro Horrach, así como la acusación particular.
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