El Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados (ECRE) ha señalado que mantener los derechos de los migrantes, especialmente de los menores, será un "desafío monumental" en el contexto del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo. Tras una visita a Canarias, el ECRE destacó la necesidad de mayor cooperación entre el Gobierno canario y el Estado para abordar adecuadamente la situación de los menores solicitantes de asilo. A pesar de algunas oportunidades que ofrece el pacto, como un acceso más rápido a los procedimientos de asilo, existen preocupaciones sobre la capacidad del sistema y la infraestructura necesaria en regiones fronterizas. El informe también menciona que el sistema de acogida presenta desafíos estructurales que deben ser abordados urgentemente para garantizar una protección efectiva y digna para todos los migrantes.
El Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados (ECRE), que representa a más de 100 organizaciones del Tercer Sector, ha presentado un análisis sobre la gestión del desafío migratorio tras su reciente visita a Canarias. Esta entidad ha hecho un llamado a una mayor cooperación entre la comunidad autónoma y el Estado para asegurar una actuación “coherente” en los casos de menores solicitantes de asilo.
En su informe, el ECRE advierte que garantizar las garantías procesales de los migrantes, especialmente de aquellos que son menores o se encuentran en situaciones vulnerables, no debe verse comprometido por los procedimientos acelerados y fronterizos previstos en el Pacto Europeo de Migración y Asilo. Este reto se presenta como un “desafío monumental”.
El análisis se basa en una visita realizada por representantes del ECRE a Canarias en enero, donde se reunieron con el Gobierno local para discutir la situación crítica de los menores, muchos de ellos refugiados. Durante estas conversaciones, se expusieron las dificultades que enfrenta la comunidad para proporcionar una acogida adecuada, incluyendo centros saturados y la escasa solidaridad del resto de las comunidades autónomas.
El ECRE señala que aunque el pacto europeo ofrece algunas oportunidades para mejorar el acceso a los procedimientos de asilo y la evaluación de vulnerabilidades, también plantea serias preocupaciones sobre la capacidad del sistema. Esto es especialmente relevante en lo que respecta a los procedimientos fronterizos y la infraestructura necesaria para acoger a migrantes en regiones como Canarias.
Estas preocupaciones han sido respaldadas por el viceconsejero del Gabinete del Presidente canario, Octavio Caraballo, quien ha enfatizado que el Pacto Europeo necesita más solidaridad y financiación. Además, subrayó la importancia de proteger adecuadamente a los menores y considerar la dimensión atlántica de la migración. Caraballo insistió en que es crucial incluir a las regiones fronterizas en las políticas migratorias europeas para evitar un fracaso del acuerdo.
A pesar de ello, Caraballo advirtió que después de tres meses desde la implementación del pacto, ha quedado claro que no es la solución más efectiva para abordar las crisis migratorias globalmente.
El informe del ECRE reconoce que España cuenta con un sistema institucional bien desarrollado para el acogimiento y asilo, así como con inversiones financieras significativas. Sin embargo, también identifica “desafíos estructurales” que afectan tanto al proceso de asilo como al funcionamiento general del sistema de acogida y protección infantil.
Entre estas preocupaciones está la necesidad urgente de agilizar los traslados de migrantes desde Canarias hacia la península para evitar una concentración desproporcionada sobre los sistemas locales y prevenir largos periodos de incertidumbre administrativa.
El ECRE también destaca que la situación de los menores no acompañados sigue siendo uno de los aspectos más críticos dentro del sistema. A pesar de los esfuerzos realizados por las autoridades canarias, persisten condiciones desiguales y retos significativos en cuanto al traslado oportuno y adecuado personal para garantizar estándares consistentes en protección infantil.
Finalmente, el informe recomienda que todas las personas que lleguen por vía marítima reciban información clara sobre su derecho a solicitar protección internacional desde sus primeros momentos en tierra. Asimismo, propone establecer un mecanismo formal para registrar las intenciones de solicitud de asilo en los centros adecuados.