La ley de agilización de licencias urbanísticas ha sido aprobada por el Pleno del Parlamento de Canarias, con el apoyo de los grupos del cuatripartito, la oposición del PSOE y NC-bc, y la abstención de Vox.
Entre otras cosas, el texto facilita que entidades urbanísticas acreditadas y colegios profesionales puedan emitir informes técnicos con validez jurídica, lo que tiene como objetivo que los ayuntamientos acorten los plazos de espera para la concesión de permisos.
Fernando Clavijo, presidente de Canarias, ha admitido que no existen "varitas mágicas" ni "pócimas" para abordar el problema de la vivienda en las islas; sin embargo, su Gobierno se compromete a ofrecer "trabajo, constancia y soluciones".
Se ha admitido que "ha habido mucha tensión y muchas dificultades", sobre todo en el ámbito del Turismo. Sin embargo, el Gobierno, "lejos de esconder la cabeza y de mirar para otro lado", ha valorado la disposición de la consejera, Jessica de León, para buscar acuerdos.
Se ha destacado también el "espíritu constructivo" de ASG y AHI, dado que existe "incertidumbre" en torno a la implementación de esta norma en las 'islas verdes'. Aunque "algunos no han querido dar respuestas" ni ofrecer seguridad jurídica, se ha anunciado que en septiembre, mediante la Consejería de Presidencia, se "va a dar respuesta" a las demandas de la Fecam sobre las actividades clasificadas, con el objetivo de "regulándolas para que haya un principio de homogeneidad en todos los municipios y en todas las islas".
Paula Jover, la portavoz adjunta de Vox, ha señalado que esta normativa es de "urgente necesidad" para "aliviar la emergencia habitacional que sufre Canarias", ya que facilitará la rapidez en la concesión de licencias urbanísticas.
No obstante, ha señalado que la Cámara "erró" al tratar el decreto como un proyecto de ley, ya que todos los grupos "han metido sus zarpas" con enmiendas que "nada tienen que ver con las viviendas", como es el caso de la ley de cambio climático o el Parque Nacional del Teide.
También ha expresado su desacuerdo con que la ley "se pliega aún más" a las posturas de la izquierda en relación con las zonas residenciales tensionadas, "ignorando que allí donde se han implantado no han conseguido la reducción de los precios de las viviendas", excepto en el caso de las más costosas.
La nueva "vuelta de tuerca" al alquiler vacacional también ha sido objeto de cuestionamiento, así como el uso de "juego sucio", ya que se planea emplear un voto particular para "tumbar" la enmienda transaccional sobre actividad inocua, la cual fue aprobada en comisión con el apoyo de los votos de la oposición y de ASG.
Carmen Hernández (NC-bc) ha señalado que la crisis de vivienda representa un "clamor social" en las islas. Por esta razón, considera una "perversión política" que el Gobierno planee "privatizar" el urbanismo y el suelo, ya que el verdadero problema no se encuentra en los ayuntamientos, sino en Coalición Canaria, que ha estado en la presidencia durante 30 años.
"Se está logrando dividir esta tierra en dos Canarias: una que cuenta con vivienda y otra que no tendrá la posibilidad de acceder a ella", ha subrayado.
También ha señalado que la "diabólica" ley estatal se implementará, pero de acuerdo con el "modo Clavijo", puesto que las viviendas que recibirán ayudas públicas, después de ocho años, "se van a pasar al mercado especulador".
Las enmiendas del cuatripartito han sido criticadas por su compañera, Esther González, quien ha afirmado que "nada tienen que ver" con la agilización de licencias.
PSOE: "A LOS DE SIEMPRE" SON LOS QUE SE BENEFICIAN.
Patricia Hernández, del PSOE, ha criticado a los grupos del Gobierno por permitir que las viviendas asequibles e incentivadas cuenten con "servicios compartidos", lo que beneficiará "a los de siempre". Además, ha señalado que la protección de estas viviendas solo se mantendrá durante siete años.
Se ha manifestado que la legislación no se centra en la vivienda, sino en el urbanismo, afirmando que a ellos "les importa un pimiento". Además, ha reprochado a los grupos del cuatripartito por haber elaborado "un proyecto de ley ómnibus" y por las "peleas" entre sus socios.
En ese sentido, ha señalado que el objetivo del Gobierno es "ampliar el margen de negocio", dado que se incrementa el precio del módulo por cada vivienda protegida.
El portavoz del Grupo Mixto (AHI), Raúl Acosta, ha señalado que la ley aborda el problema de la vivienda de manera "transversal" y sin depender del Estado. Además, ha reconocido que la ciudadanía se encuentra "cansada" de la "inseguridad jurídica".
Se ha señalado la necesidad de desmantelar el "tinglado" normativo y se ha criticado a la izquierda por su intención de "desregular" la vivienda vacacional en las 'islas verdes', ya que busca beneficiarse de la mayoría parlamentaria.
El grupo canarista ha sido criticado por el diputado herreño debido a su oposición a una enmienda in voce que permitiría la construcción en áreas protegidas de El Hierro y La Gomera.
ASG, FIEL AL GOBIERNO, SOLICITA DETALLES EN LAS ISLAS VERDES.
Jesús Ramos (ASG) ha señalado que el mercado residencial no se ve afectado "para nada" por la vivienda vacacional. Además, ha respaldado su enmienda para catalogarla como una actividad inocua, argumentando que Canarias "es muy diversa" y presenta "especificidades" en las distintas modalidades turísticas, tales como viviendas unifamiliares aisladas o bloques de apartamentos pertenecientes al mismo propietario.
A pesar de que el voto particular de CC retirará la enmienda del dictamen de la comisión, ha asegurado su "apoyo y lealtad" al pacto de gobierno firmado en el archipiélago.
"Señor presidente, quiero solicitarle que en esta tercera ocasión logremos finalmente resolver el problema de la vivienda vacacional en Canarias. Es fundamental que nos sentemos juntos, dejando de lado nuestras ideologías y nuestros intereses, y que seamos capaces de enfocarnos en las personas", ha afirmado a Clavijo, subrayando los beneficios económicos que aporta el alquiler vacacional.
La portavoz del Grupo Popular, Luz Reverón, ha calificado de "revelador" el hecho de que la izquierda se oponga a una ley destinada a eliminar "obstáculos" y facilitar la obtención de licencias. Además, ha ironizado sobre el cuestionamiento por parte de los socialistas de una "ley ómnibus".
Se ha mencionado que el objetivo es "resolver un problema" y legislar "con sentido común" para poner fin al "inmovilismo" en la edificación de viviendas.
Socorro Beato, representante del Grupo Nacionalista, ha afirmado que la ley ofrece una "respuesta responsable y rigurosa" ante la construcción de viviendas. Además, ha rechazado la idea de que se privatice la gestión urbanística y ha defendido la importancia de la "justicia social" para asegurar que haya vivienda "y primero para los canarios".
Los "disparates" del Grupo Socialista y su "estrategia de obstruccionismo" han sido objeto de críticas, mientras que se ha defendido el voto particular. La vivienda vacacional, según se argumenta, "no es neutra, genera un impacto, afecta a la convivencia, a los ruidos, al uso de zonas comunes". Además, se les ha cuestionado: "Se levantan liberales y se acuestan progresistas".
ASG ha recibido la mano tendida de Beato para "seguir trabajando" en la búsqueda de un "equilibrio" entre el acceso a la vivienda de los canarios y la vivienda vacacional.