Beatriz Calzada ha sido incapaz de licitar la reforma del PIF ni las instalaciones Schengen.
El secretario general del Partido Socialista (PSOE) de Fuerteventura, Blas Acosta, recuerda al Gobierno de Canarias que “tiene un problema sin solucionar” en la Autoridad Portuaria de Las Palmas “que a los majoreros nos cuesta dinero”. Ante la idea lanzada de segregar de la Autoridad Portuaria de Las Palmas los puertos de Puerto del Rosario y Arrecife para crear un nuevo organismo portuario estatal, Blas Acosta exige que “dejen de inventar y resuelvan” el problema que ha creó el Gobierno Clavijo al proponer el nombramiento de Beatriz Calzada.
“La Presidencia portuaria la propone directamente el Gobierno de Canarias, que decidió usar el mayor motor industrial de la provincia como trampolín político para una aspirante a alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria que ni siquiera ha logrado ser candidata” , recuerda Blas Acosta.
“Las consecuencias nefastas de esta decisión las sufrimos las empresas y familias de Fuerteventura, que estamos pagando hasta un 78 por ciento más por los costes del transporte de las mercancías”.
Y por qué pagamos más los majoreros y majoreras, cabría preguntarse. La respuesta está en que dentro de las muchas incapacidades de gestión de la actual presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, presidenta a propuesta directa del Gobierno Clavijo, a Fuerteventura nos afecta especialmente que haya sido incapaz de licitar la reforma del PIF ni las instalaciones Schengen en el puerto de Puerto del Rosario.
La realidad es que España tiene una desproporcionada cantidad de autoridades portuarias, 28, que gestionan 46 puertos de interés general. Crear la número 29 es, además de una vieja aspiración (o amago de amenaza para lograr otros objetivos) del empresariado lanzaroteño, un absurdo operativo. La tendencia lógica desde el punto de vista de la gestión portuaria y del desarrollo económico de Canarias es la contraria, la fusión de las autoridades portuarias de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife. Pero todos sabemos que es una posición política sin recorrido en la actualidad.
En cualquier caso, el “problema de incapacidad de gestión” en la actual Presidencia de la Autoridad Portuaria de Las Palmas seguiría impidiendo cualquier mejora para las economías locales y familiares de Fuerteventura. Y ese problema lo ha creado el Gobierno Clavijo al proponer a Beatriz Calzada como presidenta y es el único que puede proponer al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible su relevo por otra persona, tal y como se recoge en el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
Blas Acosta añade que “puestos a inventar en lugar de solucionar, el Gobierno de Canarias podría plantearse ceder a Puertos del Estado la gestión de Morro Jable y Corralejo, dependientes de Puertos Canarios (es decir, del Gobierno de Canarias). De esta forma, al menos, cabría la posibilidad de que las dos principales vías de conexión marítima de Fuerteventura con Gran Canaria y Lanzarote tengan la inversión que merecen, que necesitan y que generan, en lugar de repartir ese beneficio majorero en los puertos de la otra provincia”.