Coalición Canaria advierte de que esta equiparación, sin una revisión paralela de las cuantías de Canarias, diluye el tratamiento diferenciado que le corresponde como única región ultraperiférica del Estado.
La diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, ha reclamado al Gobierno de España que revise las cuantías de la indemnización por residencia percibidas por el personal del sector público estatal destinado en Canarias, que no han sido objeto de una actualización específica desde hace casi dos décadas.
Valido ha registrado una pregunta escrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública tras la aprobación en el Consejo de Ministros de la modificación de las cuantías de este concepto retributivo para el personal destinado en las Illes Balears. Los nuevos importes del conocido como complemento de insularidad oscilan entre los 105 y los 697 euros mensuales, según el grupo profesional y la isla de destino, y quedan equiparados a los que percibe el personal destinado en Canarias.
Desde la formación nacionalista se considera que la mejora reconocida a Baleares supone una respuesta lógica a las necesidades propias de una realidad que Canarias conoce a la perfección, al compartir ambos territorios una situación geográfica de insularidad. Sin embargo, para Coalición Canaria, la decisión del Ejecutivo central vuelve a poner de manifiesto un tratamiento injusto del Estado hacia el Archipiélago canario.
En este sentido, tal y como recuerda Valido en el texto de su iniciativa, las cuantías que percibe el personal destinado en Canarias no han sido objeto de una revisión específica desde el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2007. Casi dos décadas después, esta cantidad continúa sin revisarse específicamente, más allá de los incrementos generales aplicados al conjunto de los empleados públicos, pese al notable encarecimiento del coste de la vida y del acceso a la vivienda en el Archipiélago.
La diputada de Coalición Canaria subraya que este agravio es aún más evidente si se atiende a la condición de Canarias como única región ultraperiférica del Estado, reconocida en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Así, Valido recuerda que la lejanía respecto al territorio continental europeo, la fragmentación territorial y la doble insularidad de las islas no capitalinas generan sobrecostes estructurales que justificaron históricamente un tratamiento diferenciado en este concepto compensatorio, un reconocimiento que la equiparación ahora aprobada diluye al dejar a Canarias en idéntica situación retributiva que otros territorios cuya realidad geográfica no resulta equiparable.
Desde Coalición Canaria se alerta de que la falta de actualización de estas cuantías no es una cuestión menor, ya que la indemnización por residencia es un instrumento esencial para atraer y retener personal de la Administración General del Estado en las islas. En ese sentido, las plantillas en Canarias de ámbitos tan sensibles como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Administración de Justicia, la Agencia Tributaria o las Instituciones Penitenciarias sufren dificultades crecientes de cobertura por el desajuste entre las retribuciones y el coste real de residir en el Archipiélago.
Precisamente, la falta de actualización de la indemnización por residencia para los funcionarios de prisiones constituye uno de los problemas estructurales denunciados por las organizaciones sindicales, que Coalición Canaria llevó el pasado mes de febrero al Congreso de los Diputados y al Parlamento de Canarias mediante sendas proposiciones no de ley.