Antes de la llegada al poder de Donald Trump, y con más intensidad durante su controvertido primer mandato, algunos politólogos norteamericanos pusieron de moda la denominación “Deep State” (Estado Profundo). Con orígenes remotos en la Antigua Grecia y en la Turquía de Kemal Atatürk, esta inquietante expresión aludía a la existencia de un “Estado en la sombra” -un “Estado dentro del Estado”- que controlaba los principales resortes de las grandes decisiones políticas.
En 2016 el ex funcionario del Congreso norteamericano Mike Lofgren publicó una interesante obra llamada “Deep State. The fall of the Constitution and the rise of a shadow Government” (Estado profundo. La caída de la Constitución y el nacimiento de un Gobierno en la sombra). Lofgren, durante 28 años especializado en seguridad nacional, describió los mecanismos que operan dentro del Estado más poderoso del mundo, definiéndolos como “una asociación híbrida de algunos elementos de gobierno, de las finanzas de alto nivel y de la industria capaz de gobernar de forma efectiva los Estados Unidos sin necesitar el consentimiento de los gobernados”.
Lofgren alejaba el Estado Profundo de teorías conspirativas, afirmando que no se trata de un poder oculto que actúe escondiendo su rastro, sino de “operadores que actúan a la luz del día, y que están tremendamente arraigados”. Eran, en definitiva, altos funcionarios y grandes empresarios que trabajaban en la defensa conjunta de sus intereses. Y enumeraba los componentes de ese poder explicando que estaba integrado por el complejo militar-industrial (el Pentágono y sus contratistas), una parte del Departamento del Tesoro, determinados Altos Tribunales, el aparato de Seguridad Nacional, y algunas de las principales empresas financieras (Wall Street) y tecnológicas (Silicon Valley). Añadía que “mientras en el Congreso la mayoría de gente está ocupada pensando en cómo van a ser reelegidos, pocos se dan cuenta de lo que ocurre en la realidad”, aclarando que los integrantes de este Deep State se preocupan por fingir que carecen de ideología, ofreciendo la influencia basada en su gran experiencia, aunque “están profundamente teñidos del color de la ideología oficial de la clase gobernante, una ideología que no es exactamente demócrata ni republicana”.
Los peligros de este Deep State eran principalmente dos: constituir una superestructura de poder que opera al margen de todas las garantías políticas e institucionales; y su poca permeabilidad y su empecinamiento en reiterar sus mismas estrategias aun cuando éstas fracasen. Lofgren comparaba Washington con las antiguas Roma, Constantinopla o Londres, viejas capitales de imperios que se destruyeron internamente antes de caer, y cuya degeneración y arrogancia les acarrearon la ruina.
La existencia del Estado Profundo en los Estados Unidos ha sido corroborada por comentaristas españoles del máximo nivel, como Fernando del Pino. En un artículo publicado en Expansión el 28 de octubre de 2020, en el que reiteraba aspectos de otro publicado en 2017, el empresario y divulgador comentó que el Deep State había impedido a Trump consumar un acercamiento a Rusia bueno para la distensión mundial, difundiendo el bulo de una supuesta colusión de la familia o las empresas del ex Presidente con turbios intereses rusos. El papel de la industria armamentística y de las tecnológicas en este asunto parece fuera de muchas dudas.
Y ahora viene la gran pregunta: ¿existe en España un Estado Profundo? Pablo Iglesias, en un acto celebrado hace años en Madrid junto con el presidente brasileño Lula da Silva, manifestó que en España existe un lawfare, del que el propio Lula fue víctima en Brasil, entendido como “un conjunto de mandos militares, policiales y económicos, aliados con poderes mediáticos y jueces que conspiran contra la democracia”. Quería justificar las condenas judiciales a miembros de Podemos y las investigaciones que revelaban su financiación con cargo a las peores tiranías del mundo.
Aun así, no parece existir un armazón político-empresarial con la suficiente penetración administrativa e influencia social como para ejercer de “poder en la sombra”. La facilidad con la que Sánchez ha desmontado contrapoderes y desactivado controles parlamentarios -como cuando utilizó inconstitucionalmente el estado de alarma- no abona la teoría de la existencia de un Deep State a la madrileña. Y ni siquiera a la catalana o la vasca, aunque, en esta comunidad, la permanencia inalterable del PNV como compendio de los intereses económicos y políticos de toda una colectividad se acerca bastante a la idea de un poder profundo.
A nivel nacional, el servilismo con que se pliegan al Gobierno las principales entidades financieras y los grandes medios de comunicación, cuyas genuflexiones ante el viento que sopla de Moncloa producen sonrojo, no contribuye a sostener la existencia de un Estado dentro del Estado. Tampoco tenemos una poderosa industria armamentística ni empresas tecnológicas de gran alcance cuyos intereses parezca defender nadie bajo las sombras del poder político.
España está sometida a grandes tensiones que hacen peligrar la solidez de nuestra estructura institucional. Solo quedan resquicios de unos funcionarios irreductibles que defienden lo construido juntos desde 1978. Fiscalía Anticorrupción, UCO, UDEF y unos cuantos jueces están protegiendo la separación de poderes e investigando los chanchullos del Gobierno, por lo que reciben ataques inmisericordes de las cloacas gubernamentales. Los Estados Unidos descansan sobre una concepción política liberal cuyas instituciones fueron ideadas para defenderse de sus gobernantes. Aquí la izquierda española parece ansiosa por dinamitar todo lo bueno que nos ha funcionado, y respalda de forma incondicional que un aventurero sin escrúpulos pueda desactivar, solo arrejuntando 176 diputados, todo tipo de contrapoder.