Canarias necesita vivienda pública con urgencia. Pero construir vivienda pública sin criterios claros de arraigo, prioridad social y planificación territorial sería repetir el mismo error de siempre, es decir, responder a la emergencia habitacional sin corregir las causas que la provocan.
Desde Liberación Canaria defendemos el aumento del parque público de vivienda, el alquiler asequible, la rehabilitación de inmuebles vacíos, la movilización de suelo público, la regulación de la vivienda vacacional y la protección de jóvenes, familias trabajadoras, mayores y personas vulnerables. Pero afirmamos con la misma claridad que la solución no pasa por construir sin límite.
Canarias no puede afrontar la crisis habitacional como si su territorio, su agua, su energía, sus carreteras, sus servicios públicos y sus barrios pudieran soportar cualquier nivel de presión.
La vivienda pública en Canarias es imprescindible, pero no será suficiente si no se frena la sobrepoblación, no se regula la residencia, no se limita la especulación y no se protege el uso residencial permanente.
La política de vivienda debe formar parte de una estrategia de país.
No puede convertirse en una carrera interminable entre más población, más demanda, más suelo ocupado y más servicios tensionados.
Canarias necesita también ordenar el crecimiento, proteger el arraigo y garantizar que el parque residencial sirva para vivir en Canarias, no para expulsar a la población canaria de su tierra.
Por ello, Liberación Canaria propone que el acceso ordinario a la vivienda pública incorpore un criterio reforzado de 12 años de arraigo en Canarias, entendido como residencia efectiva, empadronamiento continuado y vinculación social, laboral, familiar o comunitaria con el Archipiélago.
Esta propuesta nace de la defensa legítima del derecho del pueblo canario a habitar su país.
Durante años, la presión demográfica, la especulación inmobiliaria, la expansión de la vivienda vacacional, los bajos salarios, la falta de parque público y la ausencia de límites han debilitado la posibilidad real de permanecer en nuestros municipios.
La juventud canaria tiene enormes dificultades para emanciparse. Muchas familias trabajadoras no pueden acceder a una vivienda en el lugar donde nacieron, trabajan o tienen su red familiar. Muchos mayores ven cómo sus barrios pierden vida comunitaria. Demasiados canarios y canarias se ven obligados a marcharse mientras el mercado decide quién puede quedarse y quién queda fuera.
Ante esta realidad, la vivienda pública no puede adjudicarse como si Canarias fuera un territorio continental sin límites. Debe responder a una prioridad social clara como es garantizar que la población canaria con arraigo pueda seguir viviendo en Canarias.
El criterio de 12 años de arraigo debe aplicarse como requisito ordinario, puntuación reforzada o prioridad objetiva en los procesos de adjudicación, siempre con garantías jurídicas, transparencia administrativa y protección específica para situaciones de emergencia social, violencia de género, discapacidad, dependencia, menores, personas mayores, familias monoparentales, desahucios, sinhogarismo y otros supuestos de especial vulnerabilidad.
Liberación Canaria defiende una política de vivienda basada en cuatro principios irrenunciables como el derecho social, arraigo, justicia territorial y límite demográfico.
Derecho social, porque ninguna familia debe quedar abandonada ante alquileres abusivos o hipotecas imposibles.
Arraigo, porque la vivienda pública debe proteger a quienes han nacido, construido su vida en Canarias, trabajan aquí, cuidan aquí, estudian aquí y sostienen la comunidad.
Justicia territorial, porque cada isla, municipio y barrio tiene necesidades distintas.
Límite demográfico, porque ningún territorio puede garantizar vivienda, movilidad, agua, energía, sanidad, educación y calidad de vida si no ordena su capacidad real de carga.
No basta con anunciar promociones de vivienda pública. Hay que definir para quién, con qué criterios, en qué suelo, con qué financiación, con qué plazos, con qué control y dentro de qué modelo territorial.
La vivienda pública no puede alimentar un ciclo permanente de crecimiento, saturación y nueva demanda. Si cada nueva promoción queda desbordada por una presión poblacional creciente, Canarias seguirá atrapada en una rueda imposible como es querer construir más, ocupar más suelo, tensionar más servicios y volver al mismo punto de partida.
Por eso, Liberación Canaria defiende que la política de vivienda debe ir unida a una regulación canaria de la residencia, dentro de un marco jurídico diferencial que permita adaptar las reglas a la realidad territorial, ambiental y social del Archipiélago.
Regular la residencia significa reconocer que Canarias necesita instrumentos propios para ordenar su capacidad de acogida, proteger el derecho a la vivienda, garantizar servicios públicos suficientes y evitar el desplazamiento de la población canaria.
Nuestra hoja de ruta es muy clara:
Primero, aprobar un plan canario de vivienda pública y alquiler asequible con objetivos medibles por isla y municipio.
Segundo, incorporar el criterio de 12 años de arraigo como prioridad reforzada en la adjudicación ordinaria de vivienda pública.
Tercero, reservar vivienda pública para juventud canaria, familias trabajadoras, mayores, personas con discapacidad, familias con menores y población vulnerable con arraigo acreditado.
Cuarto, movilizar vivienda vacía y suelo público para aumentar el parque residencial permanente sin consumir suelo innecesario.
Quinto, limitar la vivienda vacacional en zonas tensionadas y recuperar viviendas para uso residencial.
Sexto, impedir que la vivienda pública pueda convertirse en objeto de venta especulativa, manteniéndola preferentemente en régimen de alquiler público o protegido.
Séptimo, impulsar una regulación canaria de residencia y arraigo vinculada a la capacidad territorial, habitacional, social y ambiental del Archipiélago.
Octavo, establecer una planificación demográfica con datos públicos, indicadores de presión territorial y evaluación de impacto sobre vivienda, sanidad, educación, movilidad, agua, energía y servicios sociales.
Noveno, garantizar transparencia absoluta en las adjudicaciones, con baremos públicos, control ciudadano y rendición de cuentas.
Décimo, desarrollar un marco jurídico canario que permita adaptar la política de vivienda a nuestra realidad insular.
La vivienda pública debe servir para arraigar, no para sostener un modelo que expulsa a los canarios y canarias de sus municipios.
Liberación Canaria considera que quien ha nacido, vivido, trabajado, cuidado, contribuido y construido comunidad en Canarias durante años debe tener prioridad real en el acceso a la vivienda pública canaria.
La política de vivienda no puede limitarse a construir metros cuadrados. Debe construir estabilidad, permanencia, comunidad y futuro.
Viviendas públicas sí, y 12 años de arraigo también.
Liberación Canaria
Por el derecho del pueblo canario a vivir dignamente en su tierra.