El Gobierno ha otorgado la licencia de TDT al consorcio Siete, vinculado a accionistas críticos de PRISA como el presidente de Baleària, Adolfo Utor, y que sos cercanos al Ejecutivo de Pedro Sánchez. La nueva cadena empezará sus emisiones en seis meses y busca ser favorable al Gobierno. La decisión ha generado críticas por favoritismo político.
El Gobierno ha adjudicado la nueva licencia estatal de Televisión Digital Terrestre (TDT) al consorcio Siete, un grupo empresarial integrado por accionistas críticos de PRISA y empresarios próximos a Moncloa, entre los que figura el presidente de Baleària, Adolfo Utor. La decisión, aprobada este martes por el Consejo de Ministros, permitirá la puesta en marcha de una nueva cadena en abierto que deberá comenzar sus emisiones en un plazo máximo de seis meses, coincidiendo con el arranque del ciclo político previo a las próximas elecciones generales.
El proyecto ganador se ha impuesto a la candidatura presentada por Mediaset España y está impulsado por el grupo Global Alconaba, sociedad formada por accionistas enfrentados a la actual dirección de Grupo PRISA y alineados con posiciones cercanas al ejecutivo de Pedro Sánchez. Entre los nombres vinculados a la operación destacan el productor y exdirectivo televisivo José Miguel Contreras y el propio Adolfo Utor, propietario de Baleària, considerado una de las figuras empresariales con mejores relaciones con el Gobierno socialista.
Según distintas informaciones publicadas este martes, la nueva televisión nace con el objetivo de construir una línea editorial favorable al Ejecutivo y ocupar un espacio político-mediático similar al que en su día representó La Sexta durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero. El proyecto contempla una programación centrada en tertulias, entretenimiento y análisis político, evitando inicialmente los informativos tradicionales.
Fuentes del sector audiovisual señalan que el canal contará con un presupuesto anual de entre 20 y 25 millones de euros y que la producción técnica podría externalizarse a Mediapro, mientras que la comercialización publicitaria recaería sobre Pulsa. Además, el grupo habría explorado acuerdos internacionales para incorporar la marca CNN al proyecto televisivo.
La adjudicación culmina un proceso iniciado tras el rechazo del consejo de administración de PRISA a presentarse oficialmente al concurso de la TDT debido a la elevada deuda del grupo y a las dudas sobre la rentabilidad de la televisión en abierto. A partir de ese momento, varios accionistas próximos al PSOE decidieron impulsar una candidatura alternativa al margen de la compañía editora de El País y la Cadena SER.
La concesión de la licencia ha provocado críticas desde sectores de la oposición y del ámbito mediático, que consideran que el Ejecutivo ha favorecido a un grupo empresarial ideológicamente próximo a Moncloa en un concurso estratégico para el futuro audiovisual español.
En los años 90, Utor militó activamente en el PSPV-PSOE y llegó a ser concejal y candidato a la alcaldía de Dénia (Alicante) por los socialistas.
A lo largo de los años ha mantenido una gran cercanía con destacados dirigentes del PSOE, como el expresidente de la Generalitat Valenciana Ximo Puig y el entorno de Pedro Sánchez. Además, ha integrado en su equipo a ex altos cargos y asesores socialistas.
El dueño de Baleària ha ganado relevancia como uno de los empresarios más influyentes del país (incluso figurando en la lista Forbes), lo que le ha llevado a adquirir participaciones significativas en grupos de comunicación afines al espectro progresista, como el Grupo Prisa.