En 2025, el Ministerio de Sanidad registró más de 18.500 agresiones a profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS), lo que equivale a 24,37 agresiones por cada 1.000 trabajadores. Este aumento del 8,74% respecto al año anterior refleja una tendencia preocupante en la violencia hacia el personal sanitario, donde el 84,5% de los incidentes fueron no físicos, como insultos y amenazas. La Atención Primaria fue la más afectada, con un 51% de las agresiones. Las mujeres representan el 80% de las víctimas y los pacientes son responsables del 71% de los casos. El informe destaca la necesidad de protocolos de protección y sensibilización para garantizar la seguridad en entornos asistenciales.
El Ministerio de Sanidad ha hecho público el informe anual sobre las agresiones a profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS) correspondiente a 2025. Según los datos recopilados a partir de la información proporcionada por las comunidades autónomas, el año pasado se registraron un total de 18.563 agresiones, lo que se traduce en una tasa de 24,37 agresiones por cada 1.000 profesionales del sistema sanitario público.
En comparación con el año anterior, el número de agresiones notificadas ha aumentado en 1.493 casos, lo que representa un incremento del 8,74%. Sin embargo, el informe destaca que este crecimiento es más moderado en relación con años anteriores, dado que entre 2023 y 2024 se observó un aumento del 15,74%.
La mayoría de los incidentes reportados son agresiones no físicas, como insultos, amenazas o comportamientos intimidatorios. En 2025, estas situaciones constituyeron el 84,5% del total de agresiones notificadas, mientras que las agresiones físicas representaron el porcentaje restante.
Por nivel asistencial, la Atención Primaria fue la que concentró el mayor número de agresiones notificadas (51%), seguida por la Atención Hospitalaria (47%). Las emergencias extrahospitalarias mostraron un porcentaje menor dentro del total de incidentes registrados.
El análisis revela que las mujeres son las principales afectadas por estas agresiones. De hecho, el 80% de los casos registrados corresponden a mujeres, en contraste con el 20%% que afecta a hombres. Esta distribución está alineada con la composición del personal sanitario, donde aproximadamente el 76%% son mujeres.
En términos de edad, la mayoría de las agresiones se concentra en profesionales entre los 25 y 55 años, siendo el grupo más afectado el de 25 a 35 años. Además, tanto el personal facultativo como el personal de enfermería son los colectivos más expuestos a estas situaciones debido al contacto directo y constante con pacientes y sus acompañantes durante todo el proceso asistencial.
En cuanto al perfil del agresor, se observa que en la mayoría de los casos (71%) la persona responsable es el propio usuario o paciente; solo un 29%% corresponde a familiares o acompañantes. En términos de género entre los agresores, los hombres representan el 57%% frente al 43%% que corresponde a mujeres.
Aproximadamente un 53%% de las agresiones son cometidas por personas no reincidentes; sin embargo, un 27%% proviene de individuos con antecedentes previos en este tipo de incidentes. Esto pone en evidencia la existencia de un grupo reducido pero significativo que presenta conductas violentas reiteradas hacia el personal sanitario.
Llegando a las causas detrás de estas agresiones, se señala que los motivos más comunes están relacionados con la atención recibida (29%), seguidos por demandas específicas del usuario (28%) y cuestiones vinculadas al acto sanitario o administrativo realizado (15%). Comparado con 2024, estos tres factores han mostrado una ligera disminución en su incidencia.
Lugares como consultas y espacios destinados a la atención directa al paciente son donde más frecuentemente ocurren estos incidentes. Esto se debe a la alta interacción entre usuarios y profesionales en estos entornos.
El informe también resalta que el aumento en las notificaciones podría estar relacionado con una mayor sensibilización y cultura de denuncia entre los profesionales sanitarios así como mejoras en los sistemas para registrar y comunicar incidentes dentro del ámbito salud.
A medida que avanzan estas preocupaciones, las administraciones sanitarias continúan implementando protocolos específicos y campañas para sensibilizar sobre esta problemática. Estas iniciativas buscan reforzar la prevención y mejorar la respuesta institucional ante tales situaciones.
A su vez, se encuentra pendiente tramitación un Anteproyecto de Ley del Estatuto Marco del personal estatutario en servicios sanitarios que incluye medidas para proteger aún más a estos profesionales. Entre ellas se contempla reconocer al personal sanitario como autoridad pública durante su ejercicio profesional para garantizar su seguridad y respeto durante su labor asistencial.
El Ministerio de Sanidad reafirma su compromiso hacia una política de tolerancia cero frente a cualquier forma de violencia contra sus trabajadores e insiste en la necesidad urgente de fortalecer la colaboración entre administraciones públicas, servicios sanitarios y fuerzas policiales para prevenir estos incidentes y asegurar entornos seguros para todos los involucrados.