Familias piden la comparecencia del juez Tomás Martín en el debate sobre la Ley de Autoridad Docente
Denuncian la criminalización de familias y menores e instan a la Consejería a auditar la gestión de la convivencia en los centros educativos
Las Federaciones de Ampas de Gran Canaria y Fuerteventura (Fapa Galdós y Fimapa), y la Plataforma Canaria de Educación Inclusiva, solicitan a los grupos políticos del Parlamento regional que inviten a comparecer en el debate sobre la futura Ley de Autoridad Docente al titular del Juzgado especializado en Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, Tomás Martín Rodríguez, con el objetivo de incorporar al debate la perspectiva de protección de la infancia y la adolescencia.
Las familias consideran que el concepto de autoridad docente enfocado a la gestión de la convivencia debe incluir garantías para toda la comunidad educativa y solicitan que el debate parlamentario se enriquezca incorporando también la experiencia de educadores sociales, trabajadores sociales y otros profesionales de la intervención socioeducativa, que trabajan directamente en la prevención y gestión de conflictos en el ámbito educativo.
Advierten de que el debate sobre la ley se está produciendo sin que se hayan culminado aún normas fundamentales para garantizar el marco de derechos y protección de la infancia y la adolescencia en la escuela, entre ellas la futura Ley Canaria de Infancia y Adolescencia, la anunciada Ley de Atención a la Diversidad en la Escuela, el pleno desarrollo de la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI) en el ámbito educativo y el Decreto de Convivencia.
Las familias consideran además necesario evaluar con transparencia cómo se está gestionando actualmente la convivencia en los centros educativos. Por ello proponen la realización de una auditoría independiente de la gestión de la convivencia escolar, mediante la revisión de expedientes disciplinarios en centros seleccionados aleatoriamente. y que esta sirva de base para la creación de un Observatorio Canario de la Convivencia Escolar, que recabe datos oficiales de lo que realmente está pasando en las aulas en materia de convivencia.
La petición se produce tras las intervenciones de los representantes sindicales en la Comisión Parlamentaria de Educación que debate esta norma, en las que se trasladó una imagen de los menores y de sus familias como principales responsables de los problemas de convivencia escolar que criminaliza el entorno educativo, algo que consideran injusto y preocupante. “Criminalizar a niños, niñas, adolescentes y a sus familias distorsiona la realidad de la convivencia escolar”, sostienen.
En este sentido recuerdan que la escuela debe orientarse siempre por un principio reconocido en el ordenamiento jurídico: el interés superior del menor, que exige que cualquier política educativa tenga como prioridad el bienestar, la protección y el desarrollo integral del alumnado.
“Cualquier reforma educativa debe partir de una idea básica: la escuela debe orientarse siempre por el interés superior del menor pues ellos son el centro del sistema educativo”.