España opera desde 2023 con unos Presupuestos Generales del Estado prorrogados. Las matemáticas parlamentarias han impedido que el Gobierno presidido por Pedro Sánchez tuviera el respaldo de una mayoría suficiente para aprobar las cuentas públicas de 2024 y 2025. A día de hoy, las del presente ejercicio también están en el alero.
La necesidad de disponer del apoyo de fuerzas tan antagónicas en sus modelos económicos y sociales como el Partido Nacionalista Vasco y Junts, por una parte, y el conglomerado que representa Sumar, Esquerra Republicana de Cataluña y Podemos, por otra, dificultan la articulación de una mayoría en el Congreso de los Diputados.
En estas circunstancias, la propuesta hecha a Pedro Sánchez por el presidente canario Fernando Clavijo, el pasado mes de agosto, durante el encuentro que mantuvieron en Lanzarote, con el fin de recoger en un decreto ley los asuntos que afectan al Régimen Económico Fiscal (REF), los contemplados en la Agenda Canaria y los amparados por nuestro Estatuto de Autonomía, resultó tan oportuna como necesaria.
Sin embargo, lamentablemente, hemos perdido más de seis meses en su articulación para elevarla al Gobierno de España y al Congreso de los Diputados. El factor sorpresa que pudo suponer dicha iniciativa se ha difuminado. Canarias busca el respaldo al borrador de decreto entre grupos parlamentarios, cabildos, ayuntamientos, empresarios, sociedad civil y sindicatos, porque, sin duda, se trata de un asunto que afecta a todos y se hace necesaria la implicación del conjunto de nuestra sociedad.
Lo peor que le puede terminar pasando al denominado “Decreto Canarias” es que se politice. El portazo de los socialistas canarios y Nueva Canarias a la invitación al diálogo hecha por Fernando Clavijo, en busca de acuerdo unánime, desinfla el codiciado y deseado consenso y minimiza las expectativas creadas.
Además, ante las primeras discrepancias públicas surgidas en las Islas entre el Gobierno de Canarias y las fuerzas de la oposición, el ministro y a su vez secretario general de los socialistas canarios ha irrumpido cuestionando la metodología y el contenido del texto del decreto. Sánchez y su gobierno estarían encantados de que la propuesta que le llegue desde el Archipiélago sea sin el acuerdo político entre el Ejecutivo canario y la oposición.
Sin duda, si la propuesta que eleve Canarias no cuenta al menos con el consenso entre Coalición Canaria, Partido Popular y Partido Socialista Canario, estará condenada al fracaso. La posibilidad de que en Madrid prosperen las actuaciones contempladas en el borrador de decreto sin el acuerdo previo entre el Gobierno y la oposición en las Islas resultaría nula.
De todas esas iniciativas, la primera, la que más peso puedo tener, la que más puede influir, es la que remarque con nitidez y rotundidad que se trata de un documento refrendado política, económica y socialmente por el conjunto de la sociedad canaria. Por desgracia, la política es así. De poco valdrá la justicia y la sensatez de las medidas contempladas en el borrador del “Decreto Canarias” si no cuenta con el respaldo de la oposición en las Islas, que es Gobierno en Madrid. De modo que la fortaleza de este decreto específico para las Islas no estará en las medidas concretas que se propongan, sino en el acuerdo político que se alcance en Canarias.
Para los asuntos referidos a Cataluña o el País Vasco no aparece ningún ministro capaz de cuestionar la legitimidad de esta u otra medida beneficiosa para sus ciudadanos. Y menos todavía, un ministro vasco o catalán. Está visto que la única medicina en política para que no nos sigan ninguneando es la disposición de grupos parlamentarios de obediencia canaria en las Cortes Generales. Solo una cantidad suficiente de diputados y senadores con dicho perfil, junto a la necesidad que tenga el Gobierno español de contar con sus apoyos, dará y quitará razones.