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Rodríguez: se secuestra la radiotelevisión pública

Román Rodríguez | Domingo 18 de enero de 2026

Elimina los Consejos Informativos y, de facto, la Junta de Control, cuya constitución puede retrasarse sine die, y minimiza el control parlamentario. Copiando, en definitiva, el modelo Ayuso.

Román Rodríguez, secretario nacional de Estrategia, Programas y Formación de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc), considera que con la Ley de ordenación del servicio público de comunicación audiovisual de la Comunidad Autónoma de Canarias, actualmente en tramitación parlamentaria, el Gobierno de CC-PP pretende secuestrar la radiotelevisión pública y convertirla en un instrumento de propaganda al servicio de sus intereses políticos. Destacando que concentra todo el poder en la Dirección General, Elimina los contrapesos profesionales y parlamentarios. Restringe la pluralidad. Favorece la privatización. Copiando el poco democrático modelo Ayuso en Telemadrid. “E incumple con la normativa europea y la Constitución, como señala el dictamen del Consejo Consultivo”. Por esas razones, el grupo parlamentario de NC-bc presentó una enmienda a la totalidad, rechazada por los votos de los grupos que apoyan al Gobierno.

Rodríguez critica que la elección de los distintos órganos de la radiotelevisión canaria -Junta de Control o Dirección General- ya no se haga por mayoría cualificada de tres quintos de la Cámara -como estaba establecido hasta ahora, lo que obligaba a la búsqueda del consenso entre los grupos- sino que si esta no se alcanza pueden ser elegidos por mayoría absoluta, lo que facilita su designación solo con los votos de los grupos que apoyan al Gobierno. Cuestiona, igualmente, que desaparecen los Consejos Informativos, reclamados por los profesionales de la RTVC, y que posibilitan la revisión de contenidos y velar por la independencia editorial y profesional.

Poder sin contrapesos

No comparte, igualmente, el enorme poder que se otorga al director general, con plenos poderes de gestión, de contratación y de establecimiento de la línea editorial. “Un poder unipersonal sin contrapesos, eliminando los Consejos Informativos y, de facto, la Junta de Control, cuya constitución puede retrasarse sine die, y minimizando el control parlamentario”, asegura. Y destaca que el Consejo Consultivo de Canarias considera que varios de los artículos del proyecto vulneran claramente la Constitución y la normativa comunitaria. Entre ellos la vinculación del mandato de la Junta de Control y de la Dirección General a la legislatura parlamentaria, lo que “es incompatible con el art. 5 del Reglamento (UE) 2024/1083, que exige que los Estados miembros garanticen la independencia funcional de los órganos de gobierno de los medios públicos mediante mandatos estables y desvinculados del ciclo político”.

El Consultivo también cuestiona el art. 20, que no pone plazos a la constitución de la Junta de Control y que prevé que sine die, si esta no se constituye, sea la Dirección General quien asuma las competencias del órgano colegiado de control. Por tanto, a juicio del Consultivo, “no garantiza la transición hacia la normalidad institucional, sino que institucionaliza la excepcionalidad, comprometiendo la coherencia interna de la Ley y su adecuación a los principios constitucionales y europeos”. Con relación a este órgano colegiado, NC-bc propone que pase de siete a 11 o 13 integrantes, sin coste añadido alguno (no se cobra por esta función), con un representante de cada grupo parlamentario y el resto de manera proporcional.

Pluralismo

El secretario nacional de programas de NC-bc señala su defensa de “un modelo de prestación directa, considerando de especial relevancia el carácter público de los servicios informativos”. Expresando, igualmente, “nuestra nítida defensa de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras de la RTVC, al advertir que la redacción de la disposición adicional séptima abre la puerta a la subrogación obligatoria del personal y a procesos de externalización que ponen en riesgo la estabilidad laboral y la gestión pública directa del servicio”.

Clavijo ya dijo públicamente que la radiotelevisión canaria “es del Gobierno”. Por el contrario, desde NC-bc “queremos que sea de la sociedad canaria, de su ciudadanía, de su pluralidad y diversidad, prestando un servicio público en un momento en el que, más que nunca, se hacen imprescindibles unos medios informativos públicos que ofrezcan información objetiva, veraz e imparcial de la realidad local y global”.


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