Las universidades públicas canarias llevan años demandando una mejora de financiación, como garantes de la igualdad de oportunidades en el acceso a una formación superior.
Vanesa Martín, portavoz de Si se puede, denuncia como la gestión promovida desde el Gobierno canario de CC-PP, facilita un enorme avance de las universidades privadas en el Archipiélago, a costa de la educación pública. El dato es claro, a lo largo de 2025 Canarias autorizó 39 titulaciones en centros privados, frente a solo siete en públicos, de ellos, 17 grados en universidades privadas y solo dos en públicas.
Desde la formación ecosocialista recuerdan que Canarias tiene unos niveles de salarios de los más bajos del Estado y unas tasas de pobreza desbordadas, que hacen que lo que califican como una “dinámica de penalizar a la educación pública haga crecer la brecha de la desigualdad y la realidad de un alumnado que puede estudiar por pagar, mientras que la mayoría de las familias locales no se lo pueden permitir”.
La portavoz asegura que esta dinámica favorece la exclusión de una parte importante del alumnado en favor de una dinámica de segregación educativa marcada por la renta de las familias. Además explica que la demanda de las universidades públicas para mejorar su financiación y lograr reforzar su oferta, se está viendo ninguneada por el Gobierno canario, lo que suma nuevas dificultades.
Para Sí se puede, “se está ampliando un proceso de privatización creciente que favorece que el estudiantado con menos recursos quede apartado, que se suma a las dificultades que genera un sistema de secundaria que permite a la concertada incrementar la nota media del alumnado que puede pagar, favoreciendo con ello que muchas personas no puedan acceder a los estudios que deseaban”.
La organización de izquierdas apoya las demandas de la comunidad educativa y la necesidad de revertir la situación, que pretende convertir las Islas en “una especie de destino vacacional para estudiantado de centros privados“. Vanesa Martín considera muy preocupante la falta de apoyo a la educación pública canaria, que además de incrementar los centros privados, “hace años que no cuenta con nuevas plazas alojativas para el estudiantado de otras Islas o de los municipios más alejados, que solo amplía el número de familias que no pueden asumir los costes de mantener la formación de sus hijos e hijas”.