Las pensiones contributivas subirán en 2026. Una cifra que se aproximará al 2,7 por ciento. No es un anuncio oficial —para eso habrá que esperar al dato definitivo de inflación de noviembre, que el INE publicará el 12 de diciembre—, pero la maquinaria estadística permite avanzar prácticamente el mismo resultado que acabará firmando el BOE.
El dato adelantado del IPC de noviembre (3 por ciento) permite sacar la calculadora: basta con hacer la media del IPC interanual de los últimos doce meses —de diciembre de 2024 a noviembre de 2025— para obtener la referencia que dicta la Ley de reforma de las pensiones. Ese promedio se queda en el 2,66 por ciento. Traducido: subida aproximada del 2,7 por ciento tanto para las pensiones contributivas de 2026 como para las clases pasivas del Estado.
La cifra es ligeramente inferior al 2,8 por ciento de este año, lejos también del 3,8 por ciento de 2024 y a años luz del espectacular 8,5 por ciento de 2023, cuando la inflación hizo estragos. Con todo, el incremento alcanzará a 9,4 millones de personas que cobran más de 10,3 millones de prestaciones. Un empujón modesto, pero empujón al fin y al cabo.
La reforma de José Luis Escrivá sigue desplegando sus efectos sin hacer ruido mediático pero con impacto real en nóminas y cotizaciones. Desde 2024, las bases máximas se revalorizan cada año con el IPC… más 1,2 puntos adicionales. Por eso, en 2026 escalarán en torno a un 3,9 por ciento, llegando a unos 5.101 euros mensuales.
La pensión máxima también seguirá su propio camino ascendente, aunque más discreto: IPC más un 0,115 por ciento adicional. Así, en 2026 quedará en 3.359,6 euros mensuales en 14 pagas, frente a los 3.267,6 de este año. El destope progresivo, que seguirá activo hasta 2050, va sumando milímetros que acabarán siendo centímetros.
El Gobierno mantiene la hoja de ruta pactada para mejorar las pensiones más bajas y acercarlas a los umbrales de pobreza marcados por el INE. Por eso, estas prestaciones volverán a escalar por encima del IPC medio.
Las no contributivas, una vez revalorizadas con el 2,7por ciento previsto, recibirán además un aumento adicional destinado a recortar un 20 por ciento la brecha que les separa del 75 por ciento del umbral de pobreza. Este mismo impulso alcanzará también al Ingreso Mínimo Vital.
En el caso de las contributivas mínimas, el objetivo es que la jubilación con cónyuge a cargo llegue en 2027 a los 16.500 euros anuales. Para ello, en 2026 volverá a incrementarse por encima de la revalorización general al aplicar el ajuste ligado al 1,5 del umbral de pobreza.
Las pensiones de viudedad con cargas familiares y otras prestaciones con cónyuge a cargo también se equipararán a esa cuantía mínima. El resto de pensiones mínimas contributivas subirán adicionalmente en un 50 por ciento de esa mejora extra vinculada al umbral de pobreza.
En paralelo, las no contributivas seguirán escalando para llegar al 75 por ciento del umbral de pobreza en 2027, una convergencia que avanza con más ritmo que el resto del sistema.