El Tribunal Supremo sitúa a Air Europa, compañía con sede en Mallorca, en el epicentro de una de las piezas clave del llamado caso Koldo, al considerar “justificado” que el empresario Víctor de Aldama actuaba “por cuenta e interés” de la aerolínea propiedad de Globalia cuando el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, intervino a su favor durante la crisis del Covid-19.
Según el auto fechado el 3 de noviembre de 2025, el magistrado instructor, Leopoldo Puente describe cómo Ábalos, “sirviéndose de su asesor Koldo García”, promovió la publicación de una nota de prensa del Ministerio de Transportes mostrando el “progreso de las gestiones” para que Air Europa obtuviera financiación pública.
El documento subraya que esa maniobra se hizo “a petición de Aldama”, que actuaba por encargo de la empresa de los hermanos Hidalgo.
A cambio, siempre según el magistrado, Ábalos habría disfrutado gratuitamente de un chalet vacacional en Marbella, cuyo alquiler fue pagado parcialmente por Koldo García y su esposa, con fondos cuya procedencia no pudo justificarse. La resolución cifra ese alojamiento en 8.900 euros y lo sitúa entre el 12 y el 23 de agosto de 2020, pocos días después de la publicación de la citada nota ministerial.
El tribunal considera “indiciariamente acreditado” que el entonces ministro utilizó su posición institucional para beneficiar a Air Europa, justo cuando la aerolínea atravesaba su peor crisis y buscaba apoyo financiero del Estado. El instructor lo enmarca dentro de un patrón de tráfico de influencias y cohecho, junto con los contratos de mascarillas adjudicados a Soluciones de Gestión y otras gestiones atribuidas al grupo.
Air Europa, que no figura como investigada en la causa, fue una de las primeras empresas rescatadas por la SEPI en 2020 con 475 millones de euros de dinero público, una operación que ahora adquiere nueva relevancia judicial tras la exposición de estos hechos por el Supremo.
La mención expresa a la aerolínea balear convierte este auto en el primer documento judicial del alto tribunal que vincula directamente a la compañía mallorquina con las presuntas maniobras del exministro Ábalos y su entorno, dentro de una supuesta organización criminal “estable y prolongada en el tiempo” orientada a la obtención de beneficios a través de su influencia política.