El Gobierno de España ha aprobado el Reglamento General de Carreteras en una reunión del Consejo de Ministros, siguiendo la propuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Este reglamento, que se deriva de la Ley de Carreteras vigente, busca optimizar la red viaria estatal priorizando la seguridad vial y el servicio al tráfico de largo recorrido. Se establece un control riguroso sobre los accesos a las carreteras estatales para evitar conflictos de seguridad y se requiere que cualquier desarrollo urbanístico garantice su compatibilidad con la funcionalidad de las carreteras. Además, se fomenta la movilidad activa y sostenible, incluyendo la planificación de vías ciclistas seguras. Esta normativa fue elaborada tras un periodo de consulta pública, asegurando la participación ciudadana y el informe de diversas entidades.
El Consejo de Ministros ha aprobado, en su reunión más reciente y a propuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, un nuevo Real Decreto que establece el Reglamento General de Carreteras. Esta decisión se produce tras la conclusión de un periodo de consulta pública, lo que permite desarrollar el contenido de la actual Ley de Carreteras.
La Ley de Carreteras, en su afán por optimizar el servicio que brinda la red viaria estatal, introduce cambios significativos con el objetivo primordial de maximizar la seguridad vial. En este sentido, se establece que la Red de Carreteras del Estado (RCE) debe centrarse exclusivamente en ofrecer servicio al tráfico de largo recorrido, conectando los núcleos poblacionales más importantes, así como puertos, aeropuertos y centros logísticos estratégicos.
Con el fin de garantizar una mayor seguridad en las vías estatales, se subraya la importancia de controlar los accesos a estas carreteras. Cada nuevo acceso puede convertirse en un punto conflictivo para la seguridad vial. Por ello, se recomienda que la accesibilidad a áreas específicas cercanas a la red principal se realice a través de redes de distribución que conecten con la RCE en un número limitado de puntos.
Además, cualquier actuación que pueda afectar las zonas adyacentes a las carreteras deberá demostrar su compatibilidad con la funcionalidad de estas vías. Esto incluye aspectos relacionados con la planificación urbanística y el desarrollo territorial, asegurando que no generen problemas adicionales en términos de movilidad.
El nuevo Reglamento también detalla los informes sectoriales vinculantes que deben ser emitidos por la Dirección General de Carreteras del Ministerio. Estos informes son necesarios para cualquier modificación o adaptación relacionada con planes territoriales o urbanísticos que puedan influir directa o indirectamente sobre las carreteras estatales.
Es fundamental considerar el principio general de especialización funcional al plantear nuevas conexiones con la RCE. De no tenerse en cuenta este principio, los informes serán considerados desfavorables. Este enfoque busca evitar que las funciones locales sean atribuidas a la red estatal.
El reglamento también refuerza la seguridad jurídica al definir conceptos clave utilizados en la ley y aclarar el alcance de algunos preceptos. Un aspecto relevante es el impulso hacia una movilidad activa y sostenible, especialmente en bicicleta. Se han incluido principios para garantizar que las vías ciclistas faciliten un transporte seguro y activo para todos sus usuarios.
Este reglamento fue objeto de consulta pública previa y recibió aportaciones tanto de asociaciones representativas como del público en general durante su elaboración. Además, se solicitó informe a las Comunidades Autónomas y otros departamentos ministeriales que pudieran verse afectados por esta normativa.