Las asociaciones de jueces y fiscales que secundaron la huelga del 1 al 3 de julio contra la reforma del Gobierno sobre el acceso a la carrera judicial y fiscal han acusado este jueves al Ministerio de Justicia de incurrir en un "burdo ejercicio de propaganda y manipulación" por no aplicar el descuento salarial correspondiente a esos días de paro.
A través de un comunicado conjunto, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) —todas ellas convocantes de la huelga, a excepción de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF)— han criticado al Gobierno por no haber descontado aún los haberes correspondientes a los días no trabajados.
“En la huelga de 2018, los haberes fueron descontados automáticamente y sin objeciones, tal como establece la normativa vigente”, recuerdan las asociaciones, que consideran “inaceptable” que el Ministerio no haya actuado del mismo modo esta vez.
Los colectivos recuerdan que la detracción proporcional del salario es una obligación legal del empleador —en este caso el Ministerio de Justicia— y no puede dejarse en manos de quienes ejercen su derecho a la huelga. “No es obligación de los huelguistas pedir que se les descuente el sueldo”, subrayan, insistiendo en que la omisión no es anecdótica, sino una forma de invisibilizar la protesta.
En el comunicado, las asociaciones denuncian que el Ministerio ha utilizado su propio incumplimiento para restar legitimidad a la huelga al asegurar que solo un juez y 28 fiscales comunicaron oficialmente su participación y renunciaron a su salario.
“Aprovechan esta anécdota para trasladar a la opinión pública que casi nadie secundó la huelga, cuando los datos reales de actuaciones suspendidas y de participación son muy distintos”, sostienen, al tiempo que afirman que la movilización fue significativa y con impacto real en la actividad judicial y fiscal.
Además de calificar esta estrategia como un intento de "banalizar un derecho fundamental", las asociaciones advierten de que eludir deliberadamente una obligación legal tan clara como es la detracción de haberes puede tener consecuencias jurídicas, incluidas responsabilidades por mala gestión de fondos públicos.
“La ciudadanía debe saber que nuestra protesta no solo es legítima, sino que conlleva un coste económico directo para quienes la ejercemos”, remarcan.
Por todo ello, instan al Ministerio a “rectificar de inmediato”, cumplir con sus obligaciones legales y respetar los derechos constitucionales de los trabajadores, incluidos jueces, magistrados y fiscales. Aseguran que seguirán ejerciendo su derecho a la huelga “cuando sea necesario” para defender una justicia más digna y eficaz.