La reunión estaba convocada bajo la presidencia de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y se preveía bronca, toda vez que algunas autonomías del PP ya habían mostrado una fuerte oposición a la propuesta del Gobierno y han recurrido al Tribunal Constitucional el decreto en el que se aprobó.
La idea del Gobierno, que ya trasladó a las comunidades de cara a una reunión preparatoria, es reubicar a unos 3.000 menores migrantes no acompañados desde Canarias, Ceuta y Melilla a otros territorios, la mayoría a Andalucía, la Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana, las tres gobernadas por el PP.
Además de considerar ilegal el orden del día de la reunión al haber sido rechazado por mayoría en la Conferencia Sectorial previa, las comunidades gobernadas por el PP rechazan que se convierta a los menores en "objetos de intercambio político".
"Son personas a proteger, no paquetes a repartir", recalca el PP en un comunicado, en el que subraya que los menores deben ser atendidos con dignidad y no ser utilizados como escudo político y coartada para resolver las "urgencias parlamentarias de un presidente atosigado por la corrupción de su entorno".
Resaltan que su compromiso es con el interés del menor, no con el interés de Pedro Sánchez, y se niegan a asumir las consecuencias de su falta de política migratoria. En su opinión, el reparto diseñado por el Gobierno sólo busca enfrentar a las comunidades autónomas entre sí al aplicar criterios arbitrarios, sin consenso y con el único objetivo de excluir del reparto a Cataluña y País Vasco, sus socios parlamentarios en el Congreso.
Advierten del "riesgo real de colapso" de los sistemas de protección de menores que, aseguran, ya funcionan al límite de su capacidad, y creen "inaceptable" que el Gobierno no garantice condiciones dignas de atención y pretenda trasladar a menores sin asegurar previamente la determinación efectiva de su edad.
El anuncio del reparto actúa como "potente" efecto llamada, denuncian desde el PP, cuya comunidades exigen al Gobierno que se haga cargo "de manera directa y con financiación propia" de la atención a los menores no acompañados en situaciones de emergencia como la que atraviesan Canarias o Ceuta o puedan sufrir otros territorios, como figuraba en el acuerdo firmado en septiembre de 2024 y en la Declaración de Asturias.
Y cuestionan la "doble vara de medir" que tiene el Gobierno cuando se niega a acoger a los más de mil solicitantes de protección internacional que le exige el Tribunal Supremo, pero exige a las comunidades asumir repartos forzosos sin medios.
Han censurado que el Ejecutivo central pretenda "imponer" un "reparto forzoso" de menores no acompañados entre comunidades autónomas que, a su juicio, "vulnera la legalidad, el consenso y el principio de igualdad territorial".
Desde el PP han trasladado su "oposición frontal" al intento de "imposición" del Gobierno de España, que ha convocado una Conferencia Sectorial con un "orden del día ilegal", ya que han recalcado que "fue rechazado por mayoría" en la Comisión Sectorial previa, como exigen las normas que rigen su funcionamiento.
"El PP se niega a convertir a los menores en objetos de intercambio político. Son personas a proteger, no paquetes a repartir y deben ser atendidos con dignidad, no utilizados como coartada para resolver las urgencias parlamentarias de un presidente atosigado por la corrupción de su entorno", han defendido.
En ese sentido, han acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "utilizar a los menores como escudo político", en lugar de "actuar con responsabilidad". El PP balear ha afirmado que su compromiso es "con el interés del menor, no con el interés de Sánchez". "Ante la falta de política migratoria, el PP se niega a asumir las consecuencias del fracaso del Gobierno", han sostenido.
Por otro lado, han argumentado que el reparto diseñado por el Gobierno "sólo busca enfrentar a las comunidades autónomas entre sí", al aplicar "criterios arbitrarios, sin consenso y con el único objetivo de excluir del reparto a Cataluña y País Vasco", que han calificado de "socios parlamentarios en el Congreso".
"Frente a esto, el PP reclama respeto institucional y afirma que no se puede gobernar a golpe de decreto, sin escuchar a las comunidades autónomas, al despreciar los cauces legales e ignorar el principio de igualdad entre territorios", han aseverado.
Asimismo, los 'populares' han advertido del "riesgo real" de "colapso" de los sistemas de protección de menores en Baleares, que "ya funcionan al límite de su capacidad". Además, han reprochado al Gobierno de España que "no se comprometa a garantizar condiciones dignas de atención".
"Su única intención es repartir el problema, transferirlo a otras administraciones y desentenderse de él. Una vez lleguen, serán las comunidades las que tendrían que asumirlo todo, sin medios ni respaldo", han critidado.
Por otra parte, al PP le resulta "inaceptable" que se pretenda trasladar a menores "sin asegurar previamente la determinación efectiva de su edad", lo que, a su manera de ver, "fomenta el fraude en la declaración de minoría y pone en duda todo el procedimiento". "El Estado debe velar por la verdad y la legalidad, no incentivarlas a la carta", han rematado.
Otro de los argumentos que esgrimen es que el anuncio del reparto "actúa como efecto llamada", dado que en el propio Real Decreto Ley se reconoce un incremento del 700 por ciento en la llegada de menores en los últimos tres años.
"¿Hasta cuándo se tendrá que seguir acogiendo? Anunciar repartos actúa como un potente efecto llamada, que agravará aún más un problema que el Gobierno ni prevé ni gestiona", han subrayado.
Por estos motivos, han exigido que el Gobierno central se haga cargo, "de manera directa y con financiación propia", de la atención a los menores no acompañados en situaciones de emergencia como la que atraviesan Canarias o Ceuta o la que puedan sufrir otros territorios. Este punto han remarcado que se recogía en el acuerdo firmado en septiembre de 2024 y reiterado en la Declaración de Asturias.
"La doble vara de medir del Gobierno es ya insostenible. Se niega a acoger a los más de 1.000 solicitantes de protección internacional que le exige el Tribunal Supremo, pero exige a las comunidades asumir repartos forzosos sin medios. No puede señalar a otros mientras elude sus responsabilidades", han destacado.
El Real Decreto-Ley 2/2025 es "inconstitucional" porque "invade las competencias de protección y tutela de los menores", que son "exclusivas" de las Comunidades Autónomas, algo que se lo han expresado en los 11 recursos ante el Tribunal Constitucional que han sido admitidos a trámite.
"Por todo ello desde el PP no se va a aceptar imposiciones ilegales, injustas y electoralistas que ponen en riesgo la protección de los menores y la sostenibilidad de los servicios", han manifestado.