Desde ya hace bastante tiempo la ciudadanía de este país viene observando cómo, desde los distintos partidos políticos, se tiran puyas a ver quién dice la verdad -la de cada uno de ellos, claro- más contundente sobre el nivel de politización que sufre todo el entramado jurídico del Estado.
Es normal que en el mundo jurídico, existan tantas ideas y razonamientos políticos como personas lo componen. Eso será así, hasta que la Inteligencia Artificial nos obligue a aceptar a máquinas y robots en los juzgados. Espero no llegar a verlo, si es que eso sucediera algún día. De momento, me alegra ver que un Juez, abogado, fiscal o personal adscrito a las Instituciones judiciales, siguen siendo personas con sus sentimientos y su capacidad para acertar y errar en sus veredictos. Sin lugar a dudas, aceptaré que en el fuero interno de cada una de esas personas, también se contemple una visión política personalizada. ¡Faltaría más! Con todo, de lo que estoy seguro y siempre he defendido, es que las personas togadas ejercen su profesión de una manera absolutamente seria y consecuente con el cargo que ostentan. Vería muy estúpido que alguien tirase por la borda tanto esfuerzo y tiempo invertido para alcanzar la responsabilidad de una Juzgado o fiscalía, para decantar una sentencia a lo que le favorezca a un partido o a otro. Tal vez sea iluso al pensar de esa manera, pero prefiero pecar de eso, que de demasiado listo.
No obstante, reconozco que la forma de nombramientos de jueces, debería contemplar algo en lo que la mayoría de la población podríamos estar de acuerdo, independientemente de lo que votáramos cada uno de los miembros de esa mayoría. Creo que no me equivoco mucho cuando afirmo que seríamos mucho más felices, políticamente hablando, si los jueces y juezas de nuestra nación, fueran nombrados por medios absolutamente independientes de la política. La objetividad debería hacerse un hueco, para que los puestos vacantes fueran ocupados por los méritos contraídos y no porque sean designados por uno u otro grupo político.
Ya fuimos testigos lo que se tardó en dar viabilidad a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Un mandato que tiene una duración de cinco años, pero que en virtud de no ponerse de acuerdo los grandes partidos políticos de este país, se llegó a sobrepasar el año 2018, sin que dicho acuerdo se pactara. ¿Tiene eso sentido? ¿Cómo entiende el grupo de personas que cobran su sueldo de la política, que deberíamos asimilar esa situación los y las votantes? ¿En qué creen que podemos estar pensando, cuando vemos que han de llegar a un acuerdo de reparto equitativo de miembros de dicho Tribunal? ¿Se sabe si le han quitado la venda a la señora de la balanza? No sé qué opinará quien pueda leer este artículo, pero las posibles respuestas que me voy dando a estas preguntas, va consiguiendo minar mis cimientos de esa credibilidad en la Justicia que he proclamado en párrafos anteriores.
Por si fuera poco este lío en el que nos han metido quienes tiran de un lado y de otro de la cuerda, salta a la palestra lo ocurrido en el Tribunal de los Tribunales. La duda sobre la credibilidad sobre la ceguera de la Justicia, ha hecho su aparición en el mismísimo tuétano del Tribunal Constitucional de España. Les pediría a sus Señorías que hicieran todo lo que estuviera en sus manos para evitar que, quienes creemos en la Justicia y deseamos querer seguir creyendo, tuviéramos un amanecer tan oscuro como el que se nos brindó a toda España con el veredicto final y ajustado al palo sobre la legalidad de la Amnistía.
Para empezar, aún me retumban en los oídos las palabras del Presidente de nuestro país, cuando afirmaba que conceder ese privilegio legal a quienes desde Cataluña habían pretendido solucionar las cosas por la tremenda, era totalmente inviable. Llegó a afirmar con absoluta rotundidad que esa opción no estaría en su manual de concesiones porque, afirmaba, no era constitucional. ¡Anda que se quedó tranquilo el hombre! y quienes le aplaudieron, también. Poco más tarde, necesitó hacer un pequeño cambio, por faltarle siete votos para cuadrar su investidura -esto no lo digo yo, sino toda la prensa y algunos socialistas de peso-. ¿Se cortó el caballero en dar un giro radical en su aseveración? ¡Qué va! Le metió rostro al asunto y con un “donde dije digo, dije Diego”, dio un carpetazo. Hubo queja y mucha bronca política y alguien decidió llevarlo a los Tribunales. Así y para no cansar, pues todos conocemos la historia reciente y oscura de España; la cuestión “Amnistía” llegó a la más alta instancia judicial de nuestro territorio patrio: El Tribunal Constitucional.
En dicha alta Magistratura, las cosas se sopesan mucho; se analizan hasta los resquicios menos pensados, y por eso precisamente, se daba casi por hecho, que el veredicto final, no iba a ser muy favorecedor para el señor prófugo de Bélgica. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Hubo alguna interferencia en el proceso? No deseo pensar que el resultado de ese trabajo de ponencias judiciales, haya tenido nada que ver con el hecho de que en las mismas fechas, saltara a la luz un nuevo escándalo que afectaba directamente a la línea de flotación del Ejecutivo. De verdad, deseo pensar que nada de esas cuestiones externas pueden influir en quienes saben de la importancia de sus sentencias.
Pero, dando por sentado, que me empeño en seguir manteniendo en alto mi nivel de credibilidad en la Justicia, para esta España en la que vivo y deseo seguir viviendo, vengo luchando con un razonamiento que me inquieta sobremanera. Me explico: El Tribunal está compuesto por doce miembros y un Presidente que tiene un voto de calidad, por si existiera un empate. Eso quiere decir que la posibilidad de que el análisis sobre una determinada cuestión, pudiera tener como resultados seis votos a favor y seis en contra, podría darse y el Sr. Presidente, tendría que hacer valer su voto extra para volver a desnivelar la balanza. En el caso que nos ocupa, esa opción no fue necesaria pues dos de los miembros de dicho Tribunal, no pudieron participar en la deliberación, por haberse pronunciado con antelación al preceptivo proceso; lo que daba por sentado que su voto ya estaba decidido con anterioridad y eso era inaceptable.
Me llama la atención que un tema que debería estar claro en la Constitución, como es el de las Amnistías, Indultos y demás posibilidades legales de perdón, haya llegado a producir un empate analítico coincidente, -exactitud matemática-, con el número de vocales elegidos por una y otra opción política de España. Esa cuadratura, como mínimo debería llevar aparejada una ponencia magna por parte de algunos miembros del Constitucional o en su defecto, por quienes enseñan esa parte del Derecho en nuestras universidades. Una ponencia objetiva para que, a quienes nos ha rechinado el veredicto final, podamos eliminar el ruido desagradable que nos ha quedado en el subconsciente. Pocos admitiremos que sea alguien que pertenezca a ese gran grupo de personas que ya han perdido su credibilidad. ¡Ya conocemos la postura dicotómica política! Necesitamos al “despolitizador que despolitice la Justicia”.