El modelo de desarrollo alternativo para las islas ha sido presentado por la plataforma 'Canarias tiene un Límite', que agrupa a más de 75 colectivos sociales del archipiélago, en un documento titulado '80 y pico medidas para el cambio de modelo. Afrontar la sostenibilidad en Canarias'.
Ante la sede de Presidencia del Gobierno, los promotores han leído el manifiesto que se originó a partir de un proceso de participación ciudadana que reunió más de 1.200 aportaciones. Este jueves, su intención es presentar el documento a través del registro, y han señalado que la paciencia se está agotando debido a la lentitud en la transformación del modelo económico.
Advierten que no permitirán que pase ni una, enfatizando que están concienciados para ocupar las calles en defensa del archipiélago.
"Nuestra tierra es Canarias, nuestra casa, no la de la señora Dávila, el señor Clavijo y su grupo, a pesar de que en sus discursos vacíos y engañosos intenten parafrasearnos. Aquellos que ocupan el gobierno podrían ser mejor denominados 'instagrammers' o 'influencers' de mala calidad y poca fiabilidad", han señalado.
En esa dirección, han señalado que este movimiento "sólo puede ir a más" debido a que la ciudadanía ya no tiene "nada que perder".
"Cualquier acción que emprendamos en favor de nuestro presente y futuro solo representa una victoria. Al menos, ganamos en dignidad, la cual esta tierra y su gente tienen y merecen", han señalado.
Estructurado en cuatro bloques y 181 páginas, el documento contempla la implementación de una ecotasa por cada pernoctación, la declaración de una moratoria turística, la prohibición de que no residentes compren viviendas y la suspensión de proyectos que no cumplan con las normativas urbanísticas y medioambientales, como es el caso presunto de Cuna del Alma o el hotel de La Tejita.
La plataforma también demanda un modelo energético que sea "más justo, descentralizado y participativo", priorizando el transporte colectivo, eléctrico y eficiente. Se hace hincapié en la necesidad de "abandonar megaproyectos insostenibles como trenes interurbanos o nuevas autovías" y en fomentar las comunidades energéticas.
Se propone la creación de empresas públicas de energía a nivel municipal o insular en Canarias con el fin de gestionar directamente la distribución eléctrica.
Respecto al agua, se sugiere llevar a cabo una modernización completa del sistema de transporte y distribución, considerando que la legislación actual sobre aguas, que data de 1990, es obsoleta. Además, se sostiene que el uso de desaladoras debería ser considerado como la "última opción".
Asimismo, se busca implementar una estrategia educativa integral relacionada con el uso del agua, y también se plantea como meta alcanzar el 'vertido cero'.
Se pide un "giro de 180 grados" en la gestión de residuos hacia un modelo que sea "público, descentralizado, participativo y ecológico", además de realizar una revisión periódica del Pircan para ajustarlo a las realidades de las islas.
Además, sugieren fortalecer el régimen de sanciones, alentar a quienes realicen prácticas adecuadas y fomentar el crecimiento de la economía circular junto con el uso de depuradoras ecológicas.
El documento también propone "replantear" el modelo de gestión ambiental en Canarias, lo que incluiría la aprobación de una ley de biodiversidad y espacios naturales, así como un aumento en la vigilancia a través de la capacitación de agentes de Medio Ambiente.
Se hace un llamado a la regulación de los espacios naturales mediante la implementación de "cupos de visitantes", los cuales deben basarse en una capacidad de carga que se ajuste a las particularidades de cada entorno. Además, es fundamental diferenciar entre residentes y turistas, así como restringir el acceso de vehículos motorizados.
La creación de un catálogo canario de Especies Exóticas Invasoras, así como el establecimiento de más reservas marinas y una mayor regulación de la pesca recreativa, es lo que también piden los colectivos.
Se propone establecer una "moratoria inmediata" en la construcción de nuevas carreteras, autovías y otras infraestructuras que "perpetúen" el modelo del vehículo privado. Además, se sugiere que se detenga el apoyo a proyectos de trenes de alta velocidad y a las ampliaciones de aeropuertos.
"Mejores alternativas de movilidad son necesarias en Canarias, no más asfalto", afirman, citando como ejemplo la creación de carriles BUS-VAO y la importancia de asegurar que el transporte público sea gratuito para los residentes, así como la implementación de guaguas lanzadera para facilitar el acceso a los espacios naturales.
En esa dirección, se promueve la descentralización de servicios esenciales, así como el teletrabajo, la flexibilidad en los horarios y una movilidad laboral más inteligente.
Se busca una "transformación profunda" del modelo sanitario canario en el ámbito social, fundamentada en principios de equidad, participación, eficiencia y salud integral. Esto se propone mediante una ILP en el Parlamento y la creación de una Agencia Canaria de Salud Pública.
Se demanda un incremento general de los recursos económicos en el ámbito educativo, con el objetivo de ampliar las plantillas, mejorar las infraestructuras, reducir las ratios, fomentar la digitalización inclusiva, aumentar la oferta en islas no capitalinas y fortalecer la red rural y unitaria.
También sugieren fortalecer al equipo docente e integrar una "perspectiva decolonial" en los contenidos, además de incluir la educación afectivo-sexual "con una mirada feminista y LGTBIQ+ inclusiva".
En este contexto, sugieren "reivindicar y revitalizar" la identidad canaria con el objetivo de "reconectar a las nuevas generaciones con su territorio, su historia, sus saberes y su diversidad interna".
En relación con la vivienda, se sugieren varias medidas, como la ampliación del parque público y la imposición de una moratoria sobre la vivienda vacacional. Además, se plantean restricciones a la compra de propiedades por entidades jurídicas o fondos especulativos, así como impuestos disuasorios para aquellas adquisiciones que no tengan como objetivo la residencia habitual. También se proponen limitaciones temporales en la reventa de inmuebles para prevenir la especulación a corto plazo y se busca fomentar una colaboración institucional que permita llevar a cabo modelos regulatorios específicos y efectivos adaptados al territorio.
Se propone, además, la instauración de una 'Renta Básica de las Iguales', así como la descentralización de los servicios sociales para fomentar un mayor vínculo con los municipios y garantizar un acceso uniforme en todo el archipiélago.
Canarias es reivindicada por la plataforma como un "territorio de paz, desmilitarizado, pacificado y desarmado", ya que se les considera un "bastión militar para la OTAN". Por esta razón, abogan por un Estatuto de Paz y Neutralidad.
Se sugiere en el ámbito agrícola establecer bancos que faciliten el acceso a la tierra, asegurar el suministro de agua para riego y fortalecer los canales de venta que ofrezcan una salida comercial equitativa para los productos locales. Además, se propone aumentar la carga fiscal sobre grandes superficies y hoteles que no ofrezcan productos de la región.
También se propone la creación de una ley de residencia que regule el derecho de establecimiento y permanencia de nuevos residentes, así como la revisión del estatus jurídico de Canarias. Además, se busca establecer la capacidad de carga por islas y asegurar una "acogida digna" junto con rutas seguras para la inmigración.