La Audiencia Nacional ha condenado a seis hijos del empresario José María Ruiz-Mateos a siete años y cuatro meses de prisión por estafa, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes en relación con la operativa delictiva del Grupo Nueva Rumasa entre 2009 y 2011. La sentencia detalla cómo los acusados captaron fondos del público mediante engañosas campañas publicitarias, ocultando la grave situación financiera del grupo. Además, se impusieron penas a otros implicados y se ordenó indemnizar a los afectados. Este caso resalta la complejidad del entramado empresarial y las estrategias utilizadas para desviar fondos hacia intereses personales de la familia Ruiz-Mateos.
La Audiencia Nacional ha dictado una sentencia que condena a siete años y cuatro meses de prisión a seis hijos del empresario gaditano José María Ruiz-Mateos. Los condenados han sido hallados culpables de delitos de estafa, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes, en relación con las actividades ilícitas llevadas a cabo para captar fondos para el Grupo Nueva Rumasa entre 2009 y 2011.
El fallo, que abarca 672 páginas, también impone penas de prisión a otros implicados en el caso. Así, José Ramón R., director de la oficina del Grupo Rumasa en Jerez de La Frontera, ha sido condenado a seis años y tres meses. Por su parte, Zoilo P., sobrino de Ruiz-Mateos, enfrentará seis años y cinco meses tras ser considerado partícipe y administrador de varias sociedades del grupo. Otros tres acusados recibirán penas menores por alzamiento de bienes.
La sentencia también obliga a los hermanos Ruiz-Mateos, junto con Zoilo P. y José Ramón R., a indemnizar solidariamente a las víctimas del fraude. Además, deberán hacerse cargo de las costas judiciales generadas durante el proceso.
Un entramado opaco
Según se detalla en la resolución judicial, el Grupo Nueva Rumasa estaba constituido por un complejo sistema empresarial que no cumplía con los requisitos legales para ser considerado un grupo consolidado. A pesar de ello, operaba como una única entidad financiera gracias a la interconexión de sus sociedades, muchas de las cuales estaban registradas en paraísos fiscales.
A finales de 2008 y principios de 2009, la situación económica del grupo era crítica, acumulando deudas millonarias sin liquidez suficiente para hacer frente a sus compromisos. En este contexto adverso, los responsables decidieron implementar un mecanismo para captar fondos del público mediante agresivas campañas publicitarias.
Los acusados promovieron la inversión en sus empresas ofreciendo altos intereses a cambio del ahorro del público. Utilizaron pagarés emitidos por sus sociedades como garantía para atraer inversores, mientras ocultaban su real estado financiero. Se estima que al menos 4.110 personas invirtieron en este esquema fraudulento.
A través de estas prácticas engañosas, lograron captar un total aproximado de 337 millones de euros, aunque solo se identificaron entradas por valor de más de 243 millones durante el periodo investigado.
La investigación reveló que parte del dinero obtenido se utilizó para adquirir bienes personales de la familia Ruiz-Mateos, incluyendo vehículos e inmuebles. A pesar de que no se conoce con exactitud el monto total desviado, se ha confirmado que al menos 1.050.190 euros fueron destinados a cubrir gastos asociados con estos activos.
A medida que la situación financiera empeoraba, los acusados comenzaron a presentar solicitudes para declarar concurso voluntario en varias empresas del grupo con el fin de evitar responsabilidades penales y patrimoniales derivadas del fraude.
A lo largo del juicio, los miembros de la familia intentaron argumentar la nulidad total del proceso basándose en supuestas violaciones a sus derechos fundamentales. Sin embargo, el tribunal solo aceptó parcialmente esta petición respecto a ciertas pruebas obtenidas ilegalmente.
Además, se reconoció la existencia de dilaciones indebidas en el procedimiento judicial debido a su complejidad y otros factores externos como la pandemia COVID-19. Este retraso fue considerado significativo por los magistrados al momento de dictar sentencia.