Hasta no hace mucho tiempo, cuando se oía que una determinada vivienda, local o propiedad de cualquier índole, había sido invadida por alguien ajeno totalmente a sus legítimos dueños, se nos abrían las carnes, maldecíamos hasta en arameo y nos asaltaban todas y cada una de las dudas que puede acarrear el no estar seguro, ni en tu propio terreno de lucha.
Pasado el tiempo, la cuestión fue evolucionado -todo evoluciona- y terminó siendo un motivo de debate, entre quienes de alguna manera defendían, o al menos justificaban, tal invasión de lo privado; frente a quienes seguían manteniendo su desaprobación más o menos pacífica -por decirlo de una forma tranquila-. Estos últimos, obviamente, su pacifismo, era controlado con la correa corta. Sobre todo, si tenían alguna propiedad con posibilidades de ser sometida por quienes usan el sistema de “patada y tente tieso”, para abrir y entrar en cualquier propiedad que consideraran con derecho a modificarle el estatus de “vivienda particular” por el de “la vivienda de mis santos narices” -no hay error-.
Quienes mantenían y, aún hoy siguen manteniendo, su posición complaciente sobre quienes entran en las propiedades sin ser invitados, defendían que en España, la falta de vivienda -pública y/o privada- constituía un certificado más que suficiente para que alguien que no hubiera tenido acceso a este bien, pudiera alcanzarlo alegando lo de “necesidad social extrema”. Obviamente, ninguno de estos defensores, daba la oportunidad a que se alojaran en sus propias viviendas hasta conseguirles un alojamiento digno. Otra de las disculpas que se esgrimieron y creo se siguen aportando, es que la propiedad usurpada, lo fue, por ser propiedad de la banca o de alguna empresa que invirtió su capital para posteriormente especular con ella. Naturalmente, mencionar la palabra especulación, es de por sí lo suficientemente convincente como para hacernos tambalear a quienes estamos en contra de las ocupaciones. Pero, entendemos, que debería ser el Estado mediante propuestas atractivas, quien mediara para que esas empresas cedan sus propiedades a las organizaciones públicas y/o privadas, para meterlas en un circuito del alquiler asequible, pero sin riesgo de perder la propiedad o tener que gastar una pasta en reconstruirlas una vez terminado el periodo de sesión. Todo esto sería posible en un país en el que, quienes cobran su sueldo de lo público, estuvieran dedicados a trabajar para el pueblo que les votó. Pero ya sabemos lo del dicho: “Prometer hasta…. y después de haber…., nada de lo prometido”.
Retomando el tema, creo haber dicho que todo evoluciona, ¿verdad? Pues ya les digo yo que, que si nos atenemos a las últimas noticias, el movimiento “Okupa”, lo hace a una velocidad increíble. Lo de ahora, casi ni se parece con lo de ayer y si nos imaginamos un futuro no muy lejano, partiendo de los últimos pasos; mucho me temo que, el cambio, podría ser aún más radical.
No hace mucho, he leído una noticia en www.diariodesevilla.es sobre el logro conseguido por la Guardia Civil, al frustrar una ocupación en el municipio de Gines (Sevilla). Parece que aprovechando que sus legítimos propietarios estaban metidos en las fiestas de la Semana Santa, unos individuos, intentaron meterse en su propiedad. La cosa no sería destacable, si no fuera porque las joyas que lucían los frustrados ocupantes, no eran propias de quien necesita meterse en una propiedad ajena, para refugiarse de su mala suerte en la vida. Más tarde, el amplio historial delictivo, confirmaba el excelente trabajo de la Benemérita. Se sospechaba que, la ocupación, podría tener un interés crematístico muy alejado del meramente humano. Se estaría entrando de lleno en ocupar para expandir un posible negocio de “intermediación inmobiliaria”.
Por si pudiera existir alguna duda sobre los cambios que se están produciendo, y ya en nuestras islas Canarias, me ha llegado a través de www.eldía.es, la desagradable experiencia por la que unos amigos, están pasando al ver ocupado un establecimiento turístico de su propiedad. Tal y como lo leen, nada de ocupar una vivienda para después proceder a su negocio particular. En esta otra historia, el bien sometido a la dictadura de esta gentuza es ¡Un hotel entero! Un edificio que sus propietarios, una empresa dedicada a la construcción y explotación hotelera y extra-hotelera, mantenían cerrado hasta una mejor oportunidad de relanzamiento turístico. He leído que, entre los vehículos que se han visto entrar en dicho recinto, había algún coche de alta gama. Lo que hace sospechar que las intenciones están muy lejos de ser consideradas de subsistencia. Muy al contrario, es posible que estemos viviendo una metamorfosis hacia un “holding especulativo pirata”, salvo que alguien frene tal transformación, demostrando “lo que hay que tener” y se comience a modificar las leyes para dar sentido a lo que se recoge en el artículo 33 de nuestra Carta Magna, sobre el derecho a la propiedad privada.
Tanto en un caso, como en el otro -seguro que hay muchos más- la controversia está servida, pues probablemente y aunque pudiera sorprendernos, siempre habrá quien justifique este tipo de proceder. Doy casi por sentado que, quien así se manifieste, una de dos: o está viviendo una realidad social paralela y desconocida por el resto de la sociedad, o le importa un real pimiento lo que a sus conciudadanos les pueda estar pasando.
Cada dos por tres, salta una noticia que tiene que ver con el tema de la ocupación ilegal de propiedades por la vía de la fuerza o por el de la “jeta” de no pagar lo convenido en tiempo y forma. Pero como he comentado en estos dos párrafos anteriores, cada vez más también, se están recogiendo noticias que tienen que ver con la explotación de los bienes ilegalmente desamortizados. Desde luego si fueran seguidores del mismísimo Hugo Chávez, se entendería perfectamente; pero parece que no es el caso. Nadie está expropiando nada y mucho menos, el detonante de toda esta movida inmobiliaria, tiene que ver con la política. El único eslabón que parece tener algún punto de conexión, es el que entronca con el pasotismo o la extrema lentitud que se pone por la parte política -otra implicación más donde no se ven diferencias entre partidos- en dar una solución legal, efectiva y rápida para resolver cualquier situación que se pueda encuadrar dentro de todo este movimiento, a todas luces, delictivo.
Tenemos leyes que nos protegen; pero con tanto celo demostrado ante el concepto de protección, se ha conseguido dar una especie de “carta blanca” para que, a quien le gusta quedarse con lo que no es suyo, actúe a sus anchas. No creo que me invente nada y en el barrio del Toscal de Santa Cruz se vivió lo que vengo comentando. La policía estaba allí, pero ¿sacaba a los sujetos que estaban metidos dentro de la vivienda ocupada? No podían por Ley. Simplemente, vigilaba que no hubiera un incidente mayor. ¿Quién se sentía más protegido? Sin duda fue, la supuesta “Okupa Consulting Enterprise Ltd”; pues sabían que, estando los uniformados allí, nadie actuaría. Y, la parte protestante de la primera parte, resultó ser quien molestaba: Podrían estar siendo considerados como ¡presuntos agresivos armados con calderos y pancartas!