El pasado 17 de febrero la Consejería de Turismo y Empleo, que dirige Jéssica de León, formuló un requerimiento previo al Gobierno central, cuyo plazo expiró sin respuesta. Por esta razón, el Ejecutivo autonómico ha tomado esta decisión por considerar que la normativa invade competencias de las comunidades autónomas en materia turística, argumento que coincide plenamente con el dictamen del Consejo de Estado relativo al decreto y cuyas conclusiones son contundentes.
Este dictamen considera que no se ha consultado directamente con las comunidades autónomas ni con las entidades ni organismos que pudieran verse especialmente afectados por la norma, lo que habría sido necesario por la incidencia del proyecto en sus competencias o ámbito de actuación.
Para el Gobierno de Canarias sigue abierta la puerta al diálogo, apelando al trabajo conjunto con los Ministerios tanto de Vivienda como de Turismo para evitar perjuicios y garantizar la protección de la ciudadanía.