Viviendas

El Cabildo de La Palma ha autorizado 60 viviendas en La Bombilla para el retorno de sus propietarios, como parte de la recuperación de la costa del Valle de Aridane. En una reciente reunión del Comité Asesor del Peinpal, se destacó que también hay 1.177 viviendas autorizadas en Puerto Naos. Se están implementando medidas para garantizar la seguridad de los residentes, incluyendo una red de más de 1.500 sensores monitoreando niveles de CO2. El gobierno insular enfatiza que, a pesar de la erupción de 2021, toda la isla es segura y se trabaja para revitalizar socioeconómicamente estos núcleos costeros.

El documento urbanístico deja viviendas fuera de ordenación y genera inseguridad a numerosas familias del municipio.

El Cabildo de La Palma ha autorizado el acceso a dos nuevas viviendas en Puerto Naos y otras dos en La Bombilla, tras la mejora de los niveles de CO2 en estas áreas. Esta decisión fue tomada por el Comité Asesor del Peinpal, que también permitió la apertura de un ascensor en Puerto Naos. El presidente insular, Sergio Rodríguez, destacó el avance en la recuperación del Valle de Aridane casi cinco años después de la erupción del Tajogaite, asegurando que ambas zonas son seguras para actividades al aire libre gracias al monitoreo constante de gases.

El Comité Asesor del Peinpal ya ha autorizado la vuelta a 1.230 residencias entre Puerto Naos y La Bombilla, de las cuales 158 no han firmado el documento obligatorio para acceder a los domicilios.

Sara Hernández, portavoz de Drago La Palma: “Cuando tu prioridad en plena emergencia habitacional es que siga creciendo el alquiler vacacional queda bastante claro desde qué realidad se está gobernando”.

Esther González acusa al Gobierno de priorizar los intereses de las patronales turísticas mientras que las familias mantienen limitado el uso de sus viviendas.

El Ministerio de Derechos Sociales, dirigido por Pablo Bustinduy, ha enviado una carta a 541 empresas que gestionan más de 50 viviendas cada una, recordándoles la obligatoriedad de aceptar la prórroga de los contratos de alquiler solicitada por los inquilinos. Esta medida se enmarca dentro del Real Decreto-ley 8/2026 y afecta a contratos que expiren entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027. Según un informe, el 61% del mercado del alquiler en España está en manos de multiarrendadores. La normativa permite a los inquilinos renovar sus contratos por hasta dos años adicionales, manteniendo las condiciones originales.

Un informe del Ministerio de Consumo y el CSIC revela que el 61% del mercado del alquiler en España está controlado por multiarrendadores, incluyendo empresas y fondos, mientras que los pequeños caseros con una sola vivienda representan solo el 39%. En las grandes ciudades, la proporción de multiarrendadores es aún mayor, alcanzando hasta el 65% en Las Palmas. En la última década, los multiarrendadores han incrementado su parque de viviendas alquiladas un 39,9%, superando el crecimiento de los pequeños caseros. Este cambio en la dinámica del mercado de alquiler destaca la creciente influencia de los arrendadores con múltiples propiedades en las principales áreas urbanas.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha enviado una carta a 13 inmobiliarias y fondos de inversión que gestionan más de 100.000 viviendas en España, recordándoles la obligación de aceptar la prórroga de los contratos de alquiler solicitada por los inquilinos. Esta medida se establece en el Real Decreto-ley 8/2026, que permite a los arrendatarios renovar sus contratos por dos años adicionales si estos vencen entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027. La comunicación busca asegurar el cumplimiento inmediato de estas normativas en el sector del alquiler, garantizando así derechos para los inquilinos en un contexto económico desafiante.

El Peinpal ha autorizado en su última sesión el acceso a dos nuevas viviendas en el núcleo de Puerto Naos.

La financiación de esta acción proviene de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias.

La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV) informa que el Gobierno de Canarias planea un Decreto en enero de 2026 para modificar la Ley 6/2025 sobre uso turístico de viviendas. Se espera una moratoria, anulación de disposiciones y la inclusión de transmisión "mortis causa". ASCAV solicita participación en estas correcciones.

El Ministerio de Consumo ha impuesto una multa de 64.055.311 euros a Airbnb por anunciar viviendas turísticas sin licencia, entre otras infracciones. La sanción se considera grave y es firme tras la resolución del recurso administrativo. Se identificaron 65.122 anuncios irregulares en la plataforma, que incluían prácticas comerciales desleales y publicidad engañosa. Además, se ordena a Airbnb eliminar los contenidos ilícitos y hacer pública la multa. Esta acción forma parte de un esfuerzo más amplio del gobierno español para abordar la crisis de vivienda en el país.

En el último año y medio, en las dos grandes capitales del Archipiélago se han producido aumentos de entre el 400 % y el 500 % en esta modalidad de alquiler.

El consejero del área, Manuel Miranda, recuerda que las viviendas modulares deben cumplir los mismos requisitos que las tradicionales y solo pueden ubicarse en suelo urbano.