El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha acusado al Gobierno central de querer convertir en "un gran aquelarre judicial" el proceso participativo del 9N de 2014, que ha calificado de acto democrático y cívico.
Lo ha dicho este lunes en rueda de prensa en la sede de PDECat, el mismo día en que la Fiscalía ha pedido en su escrito de acusación inhabilitarle durante diez años, y durante nueve años a la exvicepresidenta Joana Ortega y a la exconsellera Irene Rigau, por los supuestos delitos de desobediencia grave y de prevaricación por la organización del 9N.
Junto a ellas dos en la rueda de prensa, Mas ha dicho que existe una "cadena de despropósitos" sobre el 9N y ha recordado que nueve fiscales de Catalunya desde el TSJC no vieron delito, pero el fiscal general del Estado les obligó a presentar la querella, según él, presionado a su vez por el Gobierno central.
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