El Ministerio del Interior ha identificado ya a 2.500 menores de edad en Ceuta llegados durante la entrada masiva de migrantes procedentes de Marruecos registrada a finales del pasado mes de julio, según los últimos datos facilitados por el Gobierno. La cifra da una nueva dimensión a una crisis migratoria que continúa abierta casi un mes después de los acontecimientos fronterizos.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha explicado que Interior ha dado prioridad a la identificación y filiación de los menores. El procedimiento, según ha defendido, requiere la apertura de un expediente individual y determinar las circunstancias de cada persona, por lo que el Ejecutivo sostiene que no puede resolverse de manera inmediata.
Los 2.500 menores identificados hasta ahora constituyen, además, una cifra sensiblemente superior a las primeras estimaciones realizadas durante los días posteriores a la crisis fronteriza. A principios de agosto, las autoridades ceutíes atendían a 862 menores y calculaban que tendrían que hacerse cargo de más de un millar.
La dimensión definitiva del problema sigue sin estar cerrada. Las organizaciones que trabajan sobre el terreno han llegado a ofrecer estimaciones superiores a las cifras oficiales sobre el número de menores que permanecían sin alojar adecuadamente, mientras Interior continúa con las tareas de identificación.
Traslados a la Península
La atención a los menores se ha convertido en uno de los principales problemas derivados de la crisis de Ceuta. El Gobierno trabaja en diferentes fórmulas para aliviar la presión sobre la ciudad autónoma y trasladar parte de los menores a distintos puntos de la Península.
Entre las medidas planteadas figura un plan específico para trasladar a 500 niñas migrantes, manteniendo inicialmente la tutela en manos de Ceuta, además de las derivaciones de menores que corresponden a las comunidades autónomas en aplicación del mecanismo previsto en la legislación de extranjería. Algunas comunidades, como Extremadura, ya han comenzado a recibir menores procedentes de la ciudad autónoma.
El Ejecutivo ha anunciado asimismo una transferencia de 25 millones de euros a Ceuta destinada a afrontar la atención de los menores y las consecuencias asistenciales de la crisis.
La cuestión volverá a enfrentar al Gobierno central y a las comunidades gobernadas por el PP en la Conferencia Sectorial de Infancia. El Ejecutivo pretende abordar el reparto y la atención de los menores, mientras varias autonomías han advertido de la saturación de sus sistemas de protección y de la falta de recursos para asumir nuevas derivaciones. ([heraldo.es][7])
Marruecos reclama la devolución
La situación se complica además por la posición adoptada por Marruecos. Rabat ha reclamado a España la devolución de los aproximadamente 2.500 menores marroquíes que cruzaron a Ceuta y ha llegado a vincular esta cuestión con otras negociaciones abiertas con las autoridades españolas.
La exigencia marroquí ha abierto un nuevo debate político y jurídico en España. El PP ha reclamado al Gobierno que estudie el retorno de los menores a Marruecos, mientras el Ejecutivo sostiene que cualquier actuación debe respetar la legislación española y las garantías específicas establecidas para los menores extranjeros no acompañados.
Saiz ha rechazado la posibilidad de proceder a devoluciones indiscriminadas y ha criticado la posición defendida por el PP. La normativa obliga a analizar individualmente la situación de cada menor y, antes de acordar una eventual repatriación, determinar sus circunstancias familiares y acreditar que el retorno responde a su interés superior.
La cifra de 2.500 menores ya identificados confirma, en cualquier caso, que la crisis de finales de julio ha dejado en Ceuta un problema asistencial y administrativo de una magnitud extraordinaria. La ciudad autónoma carece de capacidad suficiente para atender por sí sola a todos los menores, mientras el Gobierno central intenta acelerar su identificación y articular los traslados a la Península en medio de la confrontación política con las comunidades autónomas y de la reclamación de Marruecos para que sean devueltos.
Si (
No(
