La discusión sobre un Estatuto Médico propio ha sido presentada con frecuencia por las administraciones sanitarias como una reivindicación corporativa, salarial o incluso identitaria. Sin embargo, esa interpretación resulta profundamente reduccionista. Lo que está realmente en juego no es un privilegio profesional, sino la sostenibilidad futura del sistema sanitario público español.
La paradoja es evidente. España dispone de una de las formaciones médicas más exigentes y prestigiosas de Europa, selecciona a sus especialistas mediante un sistema altamente competitivo y mantiene indicadores asistenciales históricamente buenos. Sin embargo, trata a muchos de esos profesionales bajo unas condiciones laborales que difícilmente serían aceptables en otros países de Europa Occidental.
Durante años, las distintas administraciones han sostenido el funcionamiento del sistema mediante tres mecanismos extraordinarios convertidos en ordinarios: temporalidad estructural, dependencia de las guardias y ausencia de una negociación profesional verdaderamente específica. No se trata de errores puntuales. Se trata de elementos integrados en el diseño del modelo.
Hasta ahora el Gobierno podría sostener que el conflicto era una cuestión sectorial entre el Comité de huelga y el Ministerio de Sanidad. Sin embargo, una vez que el texto ha pasado por el Consejo de Ministros, el argumento cambia, esto ya no es una propuesta de la ministra. Es una propuesta del Gobierno. Y esto es una afirmación difícil de rebatir políticamente. Y esto concierne a otros ministros, grupos parlamentarios y presidentes autonómicos del mismo espacio político. La fortaleza histórica de las reivindicaciones médicas ha sido precisamente la contraria: no estamos defendiendo una ideología. Estamos defendiendo un modelo profesional y asistencial. El Gobierno está desaprovechando una oportunidad histórica para resolver uno de los problemas estructurales de la sanidad pública.
Los ciudadanos deberían apoyar las movilizaciones del Comité de Huelga porque son los más afectados por las listas de espera, la falta de especialistas, las dificultades para conseguir cita y las fugas de profesionales. Hasta ahora el Gobierno podía sostener que el conflicto era una cuestión sectorial entre los sindicatos médicos y el Ministerio de Sanidad. No es una cuestión corporativa ni un simple conflicto laboral esto es una cuestión de estado. España forma médicos excelentes con dinero público y después los empuja a marcharse o abandonar el sistema público. Es decir esto incluye a la eficiencia del gasto público, la sostenibilidad del SNS, la despoblación sanitaria y el acceso a la atención. Es decir la respuesta no solo cifras presupuestarias.
El Gobierno tiene la oportunidad histórica de corregir una anomalía europea y no debería desaprovecharla. Y lo diremos una y otra vez: no pedimos privilegios. Pedimos homologación europea, no estamos defendiendo sólo a los médicos y estamos defendiendo la capacidad futura del sistema sanitario y el anteproyecto ya no pertenece al Ministerio de Sanidad.
Por este motivo el comité de Huelga ha elevado la interlocución a Pedro Sánchez. El texto ya no pertenece al Ministerio de Sanidad. Pertenece al Gobierno de España y, por tanto, la responsabilidad política es del presidente.
Los 49 millones de españoles jugamos mucho.
Ya saben en derrota transitoria pero nunca en doma.
Si (
No(
