La gravedad institucional del auto dictado por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional es máxima. Estamos ante una resolución judicial de enorme alcance que sitúa en el centro del procedimiento a la propia estructura del PSOE y a destacados cargos y colaboradores vinculados al partido y al entorno del Gobierno presidido por Pedro Sánchez.
El magistrado Santiago Pedraz habla de “organización criminal”, de presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, revelación de secretos, obstrucción a la Justicia y actuaciones coordinadas para proteger intereses políticos y personales. El auto describe una supuesta estructura estable, jerarquizada y con reparto de funciones, orientada —según los indicios recopilados por la UCO— a influir en procedimientos judiciales y policiales, neutralizar investigaciones y operar desde ámbitos próximos al poder político.
Lo verdaderamente demoledor no es únicamente el contenido penal de las sospechas. Es la imagen institucional que proyecta España cuando un juez de la Audiencia Nacional autoriza requerimientos masivos de documentación al principal partido que sustenta al Gobierno de la nación, incluyendo accesos, correos electrónicos, registros internos, contratos, viajes, pagos y comunicaciones de numerosos dirigentes y colaboradores.
El PSOE se equivoca al responder a esta situación con el manual habitual del victimismo político, los ataques a jueces, fiscales y Guardia Civil o la descalificación automática de cualquier investigación incómoda
El PSOE se equivoca al responder a esta situación con el manual habitual del victimismo político, los ataques a jueces, fiscales y Guardia Civil o la descalificación automática de cualquier investigación incómoda. Ese discurso puede servir para cohesionar a los fieles, pero erosiona peligrosamente la confianza pública en las instituciones. Y, sobre todo, transmite la impresión de que algunos consideran intolerable que la Justicia investigue determinadas a quien ostenta el poder.
La presunción de inocencia debe preservarse siempre. Todos los investigados tienen derecho a defenderse y a desmontar las acusaciones si carecen de fundamento. Pero precisamente por eso resulta imprescindible permitir que la investigación avance sin presiones, sin campañas de intoxicación y sin intentos de desacreditar preventivamente a quienes instruyen el caso.
Cuando un auto judicial describe una presunta trama de influencia política y mediática orientada a interferir en investigaciones penales, el problema deja de ser estrictamente judicial. Pasa a convertirse en un problema democrático de primer orden.
Si (
No(
