En la Comisión de Investigación sobre el Estado de la Red Ferroviaria en España, Mario Samper, presidente de la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz y superviviente del trágico accidente que cobró la vida de 46 personas y dejó a 352 afectadas, ha denunciado la falta total de responsabilidad del ministro Óscar Puente. Durante su intervención, Samper reveló que le solicitaron su dimisión, a lo que el ministro respondió que “él no había soldado el rail”.
La comparecencia ante la Comisión fue un momento crucial para expresar las preocupaciones de las víctimas. Samper criticó al Gobierno por actuar “muy tarde y sin protocolos”, además de señalar el “abandono” hacia quienes sufrieron las consecuencias del descarrilamiento. “Hemos tenido que hacer el trabajo que correspondía a las administraciones”, afirmó con firmeza.
Críticas a la gestión del ministro
Samper también compartió detalles sobre una reunión mantenida con Puente, donde se les indicó claramente que debía dimitir. La respuesta del ministro dejó atónitas a las víctimas, quienes esperaban una mayor empatía y compromiso. “Por humanidad y responsabilidad tendría que haber estado con las víctimas desde el principio”, reprochó Samper.
A lo largo de su discurso, destacó cómo las víctimas han tenido que organizarse solas desde los primeros momentos tras la tragedia. “Hemos estado completamente perdidos durante semanas. Las víctimas hemos tenido que hacer el trabajo que correspondía al Ministerio y a las administraciones”, lamentó.
Indemnizaciones y atención médica
El presidente de la asociación hizo un llamado urgente para evitar que las indemnizaciones se pierdan en la burocracia, ya que hasta ahora solo 25 personas han recibido compensaciones económicas. Samper advirtió que más de 300 víctimas podrían quedarse sin ayudas, a pesar del profundo trauma psicológico que enfrentan.
Mencionó también los problemas persistentes de salud mental entre los afectados, muchos de los cuales experimentan ansiedad severa, aislamiento social e insomnio, mientras algunos aún esperan atención médica especializada o ayudas económicas urgentes.
Falta de transparencia en la investigación
Samper criticó abiertamente la falta de coordinación institucional tras el accidente y denunció que la oficina estatal creada para asistir a víctimas ferroviarias no cumplió con su función. “Nos dijeron que existía, pero no tenía protocolos ni impulso político. Mientras tanto, las víctimas necesitaban ayuda desde el minuto uno”, enfatizó.
A lo largo de su intervención, también censuró la lentitud en el proceso de indemnización y cómo esta burocracia está dejando fuera a muchas personas con secuelas psicológicas significativas.
Demandas del Partido Popular
Desde el lado político, la senadora del PP, María Jesús Bonilla, subrayó que “la seguridad ferroviaria no puede depender de la suerte” y exigió verdad, justicia y reparación para las víctimas del accidente en Adamuz. En relación con la investigación abierta sobre este trágico evento, recordó que informes técnicos apuntan a un fallo en infraestructuras relacionado con una rotura de carril.
Bonilla insistió en que no se puede permitir que el tiempo diluya lo ocurrido ni aceptar respuestas superficiales ante tales tragedias. También acusó al Gobierno actual de haber fallado en su deber protector hacia los ciudadanos afectados por el descarrilamiento.
Llamado a reforzar medidas preventivas
La senadora demandó al Gobierno liderado por Sánchez reforzar las labores de mantenimiento e inspección en la red ferroviaria española y colocar a las víctimas en el centro de todas las decisiones relacionadas con este tema crítico. Censuró además que estas personas no pueden luchar solas contra una burocracia desbordante y reclamó una investigación transparente y sin manipulaciones sobre lo sucedido en Adamuz.
Si (
No(
