En la Comisión Mixta sobre Insularidad, el Partido Popular ha logrado avanzar en una iniciativa que exige al Gobierno español cumplir con su compromiso de financiar el Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI). Este programa, establecido por la Unión Europea, tiene como objetivo compensar las desventajas que enfrentan las regiones ultraperiféricas, como es el caso de las Islas Canarias.
La diputada del GPP por Santa Cruz de Tenerife, Ainhoa Molina, subrayó que el POSEI “no es un privilegio, sino un instrumento esencial para mitigar las desventajas estructurales” que afectan a estas islas. Entre los desafíos mencionados se encuentran la lejanía, la fragmentación territorial y los sobrecostes del transporte, así como la dificultad para competir en igualdad de condiciones con otras regiones.
Compromisos incumplidos y su impacto
Molina instó al Gobierno a “cumplir con Canarias”, tal como lo estipula el régimen económico y fiscal actual. Además, destacó que hay aproximadamente 7.800 agricultores y ganaderos en el archipiélago que operan en condiciones mucho más difíciles que en otros territorios y dependen de estas ayudas para continuar con sus actividades productivas.
“Los canarios no piden privilegios; piden respeto, estabilidad y que se cumplan los compromisos”, afirmó Molina, advirtiendo que “está en juego la supervivencia del campo canario”. La diputada también criticó la situación de incertidumbre en la que viven los trabajadores del sector agrícola, quienes deben esperar cada año para saber si recibirán el apoyo necesario por parte del Gobierno.
Deuda acumulada y riesgos para la soberanía alimentaria
Molina denunció que es “inaceptable” que quienes trabajan la tierra en Canarias vivan constantemente en esta incertidumbre. Acusó al Ejecutivo de acumular una deuda de 24,9 millones de euros correspondiente a las campañas agrícolas entre 2022 y 2024. Esta situación pone en riesgo no solo las explotaciones familiares sino también la soberanía alimentaria de las islas.