En relación a la carta de la Delegación del Gobierno de Canarias de 21 de enero en la que se notifica que el Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) deberá asumir en exclusiva las competencias en el traslado de menores con medidas judiciales con fecha 1 de febrero, la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad considera que la decisión de la Delegación del Gobierno es un acto unilateral que infringe los necesarios mecanismos legales de cooperación entre Administraciones.
En la respuesta de la consejera Nieves Lady Barreto, remitida en el día de hoy, se hace constar que causa una vulneración del marco legal vigente, ya que la decisión unilateral tomada por esa Delegación del Gobierno contraviene el ordenamiento jurídico que regula nuestras relaciones, y suplanta el órgano competente para establecer el mecanismo de cooperación, que es la Junta de Seguridad de Canarias.
La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad no puede compartir el acuerdo unilateral de cese de los traslados de menores por parte de los FCSE a partir del 1 de febrero, por infringir las leyes orgánicas de aplicación, por no haber sido sometido y acordado en la Junta de Seguridad competente y contravenir los previos acuerdos de dicha Junta de Seguridad en 2019, así como por no darse las condiciones fácticas para que el CGPC pueda realizarlos.
En la Junta de Seguridad de Canarias celebrada en 2019, la entonces titular de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, Nieves Lady Barreto, manifestó la voluntad y compromiso del CGPC para asumir el traslado de menores una vez disponga de recursos humanos suficientes, conforme a los acuerdos alcanzados en junta de seguridad si bien vinculada a la disponibilidad de recursos humanos suficientes" (apartado 4 del acta). En dicha acta consta que la Delegación del Gobierno impulsaría un Grupo de Trabajo, que no se ha constituido.
En la respuesta a la Delegación se explica también que, desde la celebración de esa Junta, la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias liderada por Julio Pérez (entre 2019 y 2023) no avanzó ni en el incremento de efectivos ni de competencias del CGPC, por lo que se puede entender que sea en este momento cuando se trate de impulsar el compromiso de 2019.
Además, la Consejería hace constar que pretender ejecutar aquel acuerdo ignorando sus términos esenciales supone vulnerar la propia base de lo pactado. A fecha de hoy, son hechos objetivos y contrastados que dicha condición de suficiencia de recursos no se cumple; que a la reunión de 28 de noviembre de 2023 no asistió esta consejera, ni que en dicha reunión se acordara que marzo de 2024 sería la fecha en la que se haría efectivo el compromiso.
También se destaca la Consejería de Presidencia que la Delegación del Gobierno ha ignorado a la hora de tomar esta decisión, lo acordado por unanimidad en la Comisión Provincial de Coordinación de Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife celebrada el 16 de octubre de 2025, con el voto favorable de la propia Subdelegación del Gobierno de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.
El acta de dicha reunión, en su apartado 6 sobre el traslado de menores, expone las posturas y planteamientos de los representantes de los CFSE y del CGPC y a continuación la petición del fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife que aboga que se trate dicha circunstancia en la Junta de Seguridad de la Comunidad Autónoma. A renglón seguido se recoge que, a instancia unánime de los miembros de la Comisión, la Subdelegación del Gobierno se compromete a impulsar la constitución de un Grupo de Trabajo con carácter urgente con el propósito de paliar la situación actual y a trasladar al delegado del Gobierno la oportunidad de convocar la Junta de Seguridad de la Comunidad Autónoma.
En este sentido, es evidente que el delegado del Gobierno obvia este acuerdo pues ni ha convocado la Junta de Seguridad Canarias, órgano competente, ni ha autorizado al subdelegado del Gobierno a constituir el grupo de trabajo acordado.
Por todo ello, el Gobierno de Canarias insta a la Delegación a dejar sin efecto su acuerdo de 21 de enero, instruyendo a las FCSE para que mantengan la prestación del servicio en los términos actuales de colaboración, reiterando asimismo que, cualquier modificación de lo convenido con impacto estructural, funcional y operativo para la Policía Autonómica Canaria, debe ser consecuencia del análisis del Grupo de Trabajo técnico acordado, y validada posteriormente en la Junta de Seguridad de Canaria”.
En la carta de respuesta se solicita que, conforme a lo dispuesto en nuestro ordenamiento jurídico atendiendo al bien superior de los menores, se abstenga de actuar omitiendo sus obligaciones y acuerde continuar con el traslado de los menores por las FCSE y se informa que se da traslado de esta respuesta a las plazas judiciales con competencias en materia de menores a través presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y a las Fiscalías de Menores, a través de la fiscal superior de Canarias, acompañando el oficio del delegado del Gobierno de 21 de enero de 2026 del que trae causa este escrito, así como de las actas referidas, para su mejor conocimiento.
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No(
