Un reciente estudio publicado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE), titulado “Competitividad fiscal empresarial 2025: El nuevo indicador de la contribución fiscal empresarial total”, explica negro sobre blanco la cruda realidad de la presión fiscal en España. Para el IEE, la contribución fiscal total en España con relación al PIB sube al 17,8%, por encima de la media europea que está en el 14,8%, y sobrepasando en mucho la media de la OCDE que se queda en el 13%. Y las empresas españolas son las que más aportan a la recaudación fiscal, tanto de forma directa como indirecta, con una contribución que alcanza el 48,8%, mientras que la media de la Unión Europea es del 39,4%.
Añade dicho estudio que la fiscalidad en España no es solo alta, sino que está subiendo en los últimos años de forma exponencial. En la última década, España ha subido más los impuestos que todo el resto de Europa, solo detrás de los Países Bajos. A lo que hay que sumar que no ha descontado de la recaudación fiscal el importe de la inflación, con gran beneficio para Hacienda. Si incorporamos al lucrativo negocio público las cotizaciones sociales, que representan el 25,8% del total de la recaudación estatal, nuestro país queda colocado en el top 3 de Estados con mayor carga social sobre particulares, autónomos y empresas.
Por contraste, los servicios e infraestructuras que disfrutamos a cambio de nuestra costosísima aportación económica están muy lejos de los que pueden recibir los ciudadanos de los países que nos acompañan en el podio. Solo en este año 2025 hemos comprobado el inestable funcionamiento de nuestra red eléctrica, con un inaudito apagón que afectó durante un día entero a todo el país; el persistente caos ferroviario que afecta a la red nacional por un deficiente mantenimiento de las instalaciones; el lamentable estado de conservación de montes y medio rural, que hace que los incendios forestales se propaguen de forma espeluznante; y el deterioro imparable de la red viaria, con un reciente informe de la Asociación Española de la Carretera (AEC) que afirma que el 52% de las carreteras de toda España presentan desperfectos de gravedad, siendo necesaria una inversión para corregir deficiencias de 13.400 millones de euros, un 43% más de lo que se necesitaba en 2022 dado el rápido desgaste que sufre una red pésimamente mantenida y castigada por la densidad del tráfico.
Tampoco podemos afirmar que nuestros sistemas educativo y sanitario, ejes esenciales de nuestros servicios sociales, hayan experimentado mejoras notables en los últimos tiempos. Ni mucho menos la seguridad en nuestras calles, con unos cuerpos y fuerzas policiales que cada vez se quejan más por la falta de efectivos, sus recurrentes problemas de residencia, las bajas y estancadas remuneraciones y el constante deterioro de sus condiciones laborales y de servicio.
¿A dónde va entonces la barbaridad creciente de dinero que recauda con su imparable exprimidora el Gobierno central? Visto el funcionamiento y estado de nuestros servicios e infraestructuras públicas, solo cabe concluir que a subsidiar unas élites extractivas que pretenden dejar España como un solar. Los políticos llaman eufemísticamente “Estado del bienestar” a mantener unas redes clientelares que les aseguren en lo posible la permanencia en el poder. Todos aspiran a colocar a los suyos estirando como un chicle las Administraciones y los medios de comunicación públicos y otros cargos de libre designación para instalar a colaboradores, sincronizados o hooligans. Así funciona hoy nuestra cruda y triste realidad. Una eficaz banda de sinvergüenzas no solo nos esquilma, sino que pretende vendernos un bienestar que solo es el suyo.
Si (
No(
