El Gobierno y la Consejería de Turismo a la caza del propietario canario de apartamento

A la ya sabida persecución por parte de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias a los propietarios de apartamentos y bungalows se suma un nuevo capítulo: ahora llueven las sanciones a los propietarios por hacer uso de su propiedad los fines de semana o en época de vacaciones, aunque no vivan en ellos ni los alquilen turísticamente. El objetivo de la Consejería de Turismo es claro: obligarles a que cedan sus propiedades a las empresas explotadoras para que continúen enriqueciéndose con lo que ni siquiera es suyo.

Para más inri, ello se une a la falaz e irreal expectativa creada por el Gobierno de Canarias con el Decreto Ley 2/2025 que se suponía iba a suspender las sanciones a los propietarios por no atenerse al uso turístico, cuando lo cierto es que no se están suspendiendo porque se requiere que “la totalidad del complejo” cambie el uso a residencial (extremo absolutamente imposible dado que hace falta unanimidad de todos los propietarios).

Se trata de una vuelta de tuerca más en contra de los pequeños propietarios canarios que, tras una vida de esfuerzo y trabajo, aunando ahorros, pudieron comparar un apartamento en el sur de nuestras islas y lo único que buscan es un lugar donde descansar. Ahora ellos también son perseguidos y multados por el Gobierno de Canarias requiriéndoles para que cedan sus propiedades a una empresa explotadora aunque, como sucede en alguno de los casos, la Administración tiene pleno conocimiento de que la propia empresa explotadora está actuando de manera totalmente ilegal (habiéndola incluso sancionado económicamente).

El Gobierno de Canarias no da cuartel a las familias canarias: junto a la liquidación de las viviendas vacacionales que planean con la futura Ley de Vivienda Vacacional de Canarias, se une ahora el acoso y derribo al que están sometiendo a los propietarios de apartamentos y bungalows a los que no les permiten residir, ni alquilar (vacacionalmente ni por larga temporada) ni usar de manera personal los fines de semana o en vacaciones. El Gobierno de Canarias solo les da una salida: ceder su propiedad a una empresa tercera que pagará una miseria al dueño del apartamento.

Varios propietarios de la Asociación han sido multados con 2.500€ por hacer uso personal de su apartamento si bien han recurrido las multas por considerarlas ilegales.